La Fundación César Manrique ha hecho público en un comunicado a su "inquietud y alarma" por la reciente aprobación por el Parlamento de Canarias de la nueva Ley de Islas Verdes y ha anunciado que encargará un dictamen jurídico sobre la constitucionalidad de la misma.
"Por si las facilidades para la utilización del suelo rústico ofrecidas por la normativa autonómica con carácter general (Ley 4/2017) no fueran suficientes en la actualidad, después de haber sido aprobada en 2017 la nociva Ley del Suelo de Canarias que desmanteló la cultura territorial de contención acumulada en las Islas durante las dos últimas décadas, con esta nueva regulación se amplían aún más los usos viables en el suelo rústico, una expansión de los usos admisibles que alcanza no solo al suelo rústico común sino también al suelo rústico protegido", sostiene la FCM.
Así, apunta que se contempla "la viabilidad del uso alojativo turístico en ambas categorías de suelo rústico y, en particular, se legitima en estas islas establecimientos alojativos de hasta doscientas plazas en suelo rústico". Pero "más allá de ello", añade la FCM, la principal novedad desde la perspectiva expuesta estriba en la normalización de dicho uso del suelo, esto es, en su configuración como un uso 'ordinario' más dicho uso turístico tanto en suelo rústico común como en suelo rústico protegido".
El equilibrio territorial, "en grave riesgo"
A juicio de la Fundación César Manrique, "con este modo de legislar se compromete la utilización racional de los recursos naturales en esta clase de suelo". "Y con ello, al no quedar suficientemente garantizado que pueda evitarse la alteración de su estado natural, se pone en grave riesgo el equilibrio territorial en estas islas, considera.
Así, "después de evacuada una serie preliminar de consultas técnico-jurídicas, la FCM estima además que la normativa aprobada suscita "dudas de constitucionalidad", por lo que ha decidido solicitar un dictamen jurídico "sobre la existencia de fundamento suficiente para la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional" contra la Ley de Islas Verdes "por los cauces que sean convenientes".
