Una de las acusaciones particulares personadas en el caso Stratvs, concretamente la que representa a la familia Negrín, ha presentado ya su escrito de acusación en esta causa. En su escrito, el abogado de la familia se adhiere al escrito de acusación de la Fiscalía salvo en la reclamación económica, que eleva a 389.673 euros (el fiscal pedía 309.863 euros).
Los Negrín se personaron en la causa denunciando que el empresario Juan Francisco Rosa usurpó terrenos de su propiedad al levantar el macro complejo Stratvs. De hecho, según sostiene la instrucción, Rosa no ha acreditado ostentar ni una parte de la titularidad del suelo, que tiene en total 18 propietarios. Ahora, los que decidieron acudir a la vía judicial reclaman que Rosa les indemnice con esta cantidad por la ocupación ilegítima de sus terrenos.
En su escrito, aunque se adhieren casi íntegramente al relato realizado por la Fiscalía, añaden matices en algunos párrafos, haciendo constar que Rosa y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana iniciaron este proyecto sin hacer previamente "comunicación alguna" a los Negrín. Además, el abogado agrega también que Rosa no sólo actuó "en detrimento de todos los lanzaroteños", sino también "en claro perjuicio patrimonial" de sus clientes, que "desconocían cualquier actuación que se realizaba a sus espaldas ante los diferentes organismos públicos".
La indemnización de casi 400.000 euros que solicitan es "la parte alícuota (1/18 parte) correspondiente al espacio ilegítimamente usurpado y edificado", según la tasación pericial que han aportado junto a su escrito, y que fija en 6.789.442 euros el valor de una de las fincas afectadas y en 224.675 euros el de la otra. Además, piden también que se condene a Rosa al pago de las costas a la acusación particular.
Carcel para Rosa, el arquitecto y varios técnicos y políticos
Aunque en el encabezamiento de su escrito el abogado enumera a 15 personas físicas y una persona jurídica (la sociedad BTL Lanzarote) contra las que formula acusación, luego se adhiere íntegramente a las penas solicitadas por el fiscal, que pedía condenas para 16 personas y una sociedad (el único que no aparece al inicio del escrito de la acusación particular es un técnico del Cabildo, Manuel Jesús Spínola).
Así, al igual que el fiscal, la acusación particular reclama 15 años de prisión para el empresario Juan Francisco Rosa y 10 años de cárcel para el arquitecto de Stratvs y dueño de una parte de los terrenos, Miguel Ángel Armas Matallana. Al igual que para Rosa, para él también se piden penas de multa e inhabilitación.
En cuanto a los políticos, se piden 7 años de prisión para el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes; 4 años y medio para el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez; de 3 años y 10 meses de prisión para la actual alcaldesa, Gladys Acuña; 1 año y 10 meses de cárcel para el concejal de CC y ex edil de Urbanismo, Leonardo Rodríguez; y 1 año y medio de cárcel Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García, que entonces eran concejales del PIL y participaron en la Junta de Gobierno en la que se concedió la licencia de actividades clasificadas a Stratvs. Para todos ellos se piden también penas de inhabilitación.
Respecto a los técnicos, para el aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, piden 5 años de cárcel; mientras que para el encargado del Castastro de Yaiza reclaman dos años de prisión y para el entonces secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, un año y medio de cárcel. Para los otros cinco técnicos imputados (Faustino García Márquez y Armando Villavencio del Gobierno de Canarias, José Juan Hernández Duchemín y Manuel Jesús Spínola del Cabildo y Andrés Morales del Ayuntamiento de Yaiza), reclaman multas de entre 18.000 y 32.000 euros y penas de inhabilitación.
Demolición y clausura definitiva
Además, la acusación particular también se adhiere a la petición de derribo del "macrocomplejo Stratvs", así como la clausura definitiva de la actividad. También reclama que se declaren nulas todas las licencias y permisos que recibió, que carecían "de todo amparo legal" y sólo "tenían por objeto satisfacer los intereses de Juan Francisco Rosa Marrero, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla" y "en claro perjuicio patrimonial" de los legítimos propietarios del suelo.
Respecto a los peritos y testigos, la acusación particular se adhiere también a todos los solicitados por la Fiscalía y pide además que comparezcan en el juicio otros cuatro más.
Con la presentación de este escrito, sólo falta ya la calificación de la otra acusación particular personada en la causa, que es la que representa a la asociación Transparencia Urbanística, denunciante de este caso.
