"No hay datos que permitan afirmar cuánto dinero o qué dádiva entregó", y "tampoco puede afirmarse de manera alguna ni cuándo lo hizo", "ni si lo hizo para la obtención de una licencia, como recompensa de ello, o por o para cualquier otra razón". Y eso, "da lugar a la más elemental duda de si los hechos, de haberse cometido, hubieran prescrito antes de su declaración en noviembre de 2009". Este extracto del informe del fiscal, en el que pide el sobreseimiento de las actuaciones contra una decena de empresarios imputados por presuntos delitos de cohecho en el "caso Reyes", resume los argumentos que han llevado a la acusación pública a adoptar esta decisión.
En el escrito, al que ha tenido acceso La Voz, la Fiscalía insiste en que hay un "cúmulo de indicios" contra esos empresarios, que son precisamente los que dieron lugar a su imputación judicial, pero agrega que no son "suficientes" para llevarles a juicio.
En definitiva, lo que sostiene el dictamen del fiscal es que los empresarios que estaban imputados, y especialmente algunos de ellos, se vieron claramente "beneficiados por la conducta presuntamente delictiva" del ex alcalde de Yaiza, al recibir licencias que eran ilegales, tal como ha quedado acreditado en los tribunales. Sin embargo, aunque José Francisco Reyes sí seguirá imputado por presuntos delitos de cohecho, la investigación no ha permitido despejar las incógnitas sobre esos supuestos pagos ni, por tanto, mantener la imputación contra los empresarios.
En concreto, al analizar el caso de cada uno de los empresarios que estaban imputados, el fiscal insiste en subrayar las dudas que existen sobre cuánto dinero pudieron entregar, o si lo hicieron presuntamente antes o después de obtener la licencia. Y eso, sería determinante para calificar el tipo de delito (ya que hay varios tipos de cohecho), y también para establecer los años que tarda en prescribir. De hecho, alguno de los imputados alegó esto en su defensa, pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones.
Y es que aunque los indicios permitieran demostrar que alguno de ellos pagó sobornos, no podría condenársele si entre la fecha en que sucedieron los hechos y su imputación, hubieran transcurrido más años de los que marca ese tipo de delito para prescribir. Y de ahí, la importancia del "cuándo", que no ha podido esclarecerse.
Reyes "se sirvió de su cargo público"
En lo que en sí insiste la Fiscalía en su escrito es en que José Francisco Reyes, "efectivamente, se sirvió de su cargo público para obtener dádivas en dinero y en especie, directamente relacionadas con el otorgamiento de licencias urbanísticas contrarias a derecho".
Para sostenerlo, se basa entre otras cosas en el hecho de que mientras José Francisco Reyes concedía licencias ilegales en Playa Blanca, él y su familia manejaron "un mínimo de 1.256.000 euros", en compras realizadas en efectivo y con dinero de procedencia desconocida, según el informe realizado en su momento por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional.
Además, el fiscal subraya que esa cifra podría ser mayor, ya que la investigación del patrimonio de Reyes fue especialmente compleja, "teniendo en cuenta las dificultades que para la obtención de dichos datos han supuesto el transcurso del tiempo y la consiguiente pérdida de datos bancarios", así como la "obstaculización de la investigación judicial y policial por parte de algunas entidades bancarias". Además, también destaca que José Francisco Reyes sabía que estaban rastreando su patrimonio, ya que cuando se acordó esta medida, la causa ni siquiera estaba bajo secreto de sumario.
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