La versión del Ayuntamiento de Arrecife y de un residente de una de las viviendas del colegio La Destila es completamente distinta. Mientras la concejal de Educación, Paca Toledo, sostuvo el pasado martes en el programa Buenos Días Lanzarote, de Radio Lanzarote, que no había nadie viviendo en esas casas, Narciso Pérez aseguró un día después y en este mismo programa de radio que seguía gente dentro de las mismas.
La Voz se trasladó el miércoles hasta La Destila, donde pudo observar varias ventanas abiertas y enseres personales. No obstante, nadie abrió la puerta de ninguna de estas casas, aunque había evidencias de que varias personas vivían en ellas.
La concejal de Educación del Ayuntamiento de Arrecife, Paca Toledo, aseguró que "ya no queda nadie ahí dentro" y tan sólo se han encontrado enseres personales. "A la persona que estaba en la vivienda se le ha requerido y se le ha dado un plazo para que vacíe la casa", ha explicado la edil.
No obstante, será un juez quien tenga que proceder al desalojo forzoso de la vivienda. "Cuando venga el juez se procederá al tapiado de la vivienda para su posterior demolición", ha señalado Toledo, que espera que esta orden judicial llegue pronto y confía en que lo haga a principios de enero. Todo ello para que se puedan empezar a ejecutar cuanto antes las obras de ampliación del centro escolar.
Sin embargo, Narciso Pérez, una de las personas que han residido en estas viviendas de los antiguos maestros del colegio de La Destila, aseguró en Radio Lanzarote que el Ayuntamiento "mentía" y que seguía viviendo gente en estas casas. "Me enteré de que la concejal dijo que ya no había nadie en estas viviendas, que sólo había muebles y enseres y eso no es así", criticó Pérez. "Dijo que lo iba a arreglar inmediatamente y es que ha dicho una cantidad de disparates en los medios de comunicación", insistió.
En este sentido, aseguró que posee un documento, al que ha tenido acceso La Voz, firmado por el alcalde accidental José Montelongo, en el que se aseguraba que las viviendas seguían habitadas y que se precisaba de una orden judicial para poder proceder al desalojo de las mismas.
