Estaban realizando una "construcción anexa a la anterior vivienda" con tres nuevas habitaciones, "un muro de piedra en el perímetro de la parcela" y "una piscina de 30 metros cuadrados aproximadamente", y todo ello, sin contar con la Calificación Territorial y la Licencia Municipal de Obras, según consta en la denuncia elevada el pasado mes de marzo por el Seprona. La "presunta infractora", tal como recoge esa denuncia, es la mujer de Dimas Martín, Elena Martín Cabrera. Y el caso, forma parte de la investigación abierta en el marco de la Operación "Unión".
La existencia de unas obras ilegales en una vivienda propiedad de la familia del líder del PIL, ubicada en Yaiza, se puso sobre la mesa en la rueda de prensa en la que Coalición Canaria anunció este martes la ruptura del pacto en el Ayuntamiento sureño. El hasta ahora teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez, confirmó que la Policía Local había realizado una inspección, tras recibir una denuncia. "La Policía Local actuó como actúa en cualquier otro procedimiento. En cuanto existe una denuncia se hacen inspecciones, y después, una vez que existe un expediente sancionador o de infracción sobre una obra ilegal, se hace un seguimiento. Es el trato que se le da a todo hijo de vecino y que desde luego desde la Concejalía se ha llevado a cabo con riguroso cumplimiento. Aquí somos todos iguales ante la ley", afirmaba Leonardo Rodríguez, que en varias ocasiones recordó que nunca llegaron a tener firma delegada de las áreas en las que gobernaba CC.
Lo explicaba a preguntas de la prensa, tras haber señalado que el cese del jefe de la Policía Local de Yaiza, adoptado "unilateralmente" por la alcaldesa, Gladys Acuña, fue la gota que colmó el vaso para romper un pacto que agonizaba desde hace meses.
La versión de Acuña
Por su parte, Acuña negaba este martes que ambos hechos estén vinculados. "El informe ni siquiera lo hace este jefe de la Policía Local, lo hace otro agente. Y eso ocurrió a mediados de marzo. Si fuera por eso, ¿me lo hubiera cargado en ese momento, no?", preguntaba la alcaldesa.
En cualquier caso, sí confirmaba la existencia de esas obras ilegales pertenecientes a la familia del líder histórico de su partido. "Esa obra se paralizó de forma inmediata, se mandó a la Agencia del Medio Urbano y Natural, se actuó con mayor sigilo si cabe por tratarse de quien se trataba. Y eso está documentado y en papel. Y le voy a decir una cosa, no voy a explicar nada más con respecto a ese tema, pero insisto, la mentira tiene patas muy cortas y más adelante les aclararé más extremos que rodean ese expediente".
Aunque no llegó a precisarlo, el silencio de Acuña podría estar vinculado al secreto de sumario dictado en el marco de la Operación "Unión". Y es que la posible pasividad del Ayuntamiento ante la construcción de una obra sin licencia, perteneciente a la familia de Dimas, que incluso había sido inspeccionada en varias ocasiones por la Policía, podría ser uno de los frentes abiertos en esta intervención, que ha incluido pinchazos telefónicos, y en la que Gladys Acuña tuvo que declarar como imputada ante la Guardia Civil.
Transformación
La vivienda que abre una nueva polémica está ubicada en la calle Los Rostros, pero para llegar a ella hay que atravesar un camino sin asfaltar, en medio del campo. De hecho, desde la carretera ni siquiera se percibe la existencia de esta casa. Incluso estando junto a ella, la parte trasera no refleja la verdadera dimensión de la obra, ya que una elevación del terreno oculta esta vivienda, que tiene las ventanas casi al ras del suelo. Pero eso es por detrás.
En la parte frontal,el aspecto es el de un chalet con jardín y piscina en construcción. Incluso, con signos de estar o haber estado habitada, ya que a falta de terminar las obras de la piscina, ya tiene una hinchable llena de agua a las puertas de la casa.
Ahora, según la alcaldesa, las obras se han paralizado. Pero cuando hace tres meses acudieron los agentes del Seprona de la Guardia Civil, se encontraron una máquina excavadora, propiedad de la empresa que estaba realizando los trabajos, y varios empleados que realizaban "actos de transformación del suelo".
Como promotora de las obras fue identificada la mujer de Dimas Martín, cuyo domicilio oficial está en Guatiza, y el Seprona cursó una denuncia por "la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas".
Además, en la denuncia se recoge que la sanción por esta infracción podría ir "de las 10.000 a las 500.000 pesetas" (es decir, de 60 a 3.000 euros), "sin prejuicio de la imposición de las multas coercitivas que procedan para compeler al cumplimiento del deber de publicidad establecido en dicho precepto".
De la denuncia, fechada el 20 de marzo de 2009, se dio traslado a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente del Gobierno de Canarias, a la Oficina Técnica del PIOT del Cabildo y a la alcaldesa del Ayuntamiento de Yaiza, Gladys Acuña.
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