Ante las quejas que ha despertado en la isla el último apagón de Unelco, que tuvo lugar el pasado martes 5 de agosto, desde la Cámara de Comercio han querido hacer públicos los derechos que asisten a las empresas que se vieron perjudicadas, ya que aseguran que son muchos los afectados que se han dirigido a la Cámara para realizar consultas relativas al procedimiento de reclamación.
Por esta razón, la Cámara informa del procedimiento que, según el Real Decreto 1955/2000, deben seguir las empresas. En primer lugar, se debe presentar una reclamación por escrito ante el Departamento de Explotación de Alta Tensión de la empresa suministradora (Unelco en este caso). En la reclamación deberá especificar sus datos personales y número de contrato con Unelco, concretar los hechos y, si procediera, la petición de indemnización que solicita, adjuntando la documentación técnica que lo justifica. El plazo de la empresa suministradora para responder es de aproximadamente 10 días. Las reclamaciones se presentarán en las oficinas de UNELCO en Lanzarote, situadas en el Paseo Charco de San Ginés s/n - Edificio Atlántida. (Teléfonos: 928 800 384 y 928 309 900).
En caso de que la contestación a dicha reclamación no satisfaga las expectativas del reclamante, la Cámara explica que éste habrá que acudir, como segunda instancia, ante la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias (Tel: 928 899 400). El escrito se podrá presentar en la oficina de Lanzarote de la Dirección General, situada en la calle José Antonio 108, local 82 (Tel: 928 807 049).
La reclamación ante esta institución se resolverá en un plazo aproximado de 3 meses, y durante la tramitación se dará a Unelco la posibilidad de realizar sus alegaciones. La Dirección General resolverá en cuanto a la existencia de cortes de suministro y calidad del suministro, con los efectos recogidos en el artículo 105 del Real Decreto 1955/2000. La reclamación ante la Dirección General no entrará a resolver sobre indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del corte. Para este caso, paralelamente a la reclamación ante el Gobierno de Canarias, habrá que acudir a la vía jurisdiccional. Es conveniente que la reclamación administrativa recoja que se ha presentado la demanda judicial para solicitar los daños y perjuicios.
