Las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga en la carrera judicial y fiscal los días 1,2 y 3 de julio consideran que la movilización ha sido "histórica" y la califican como "un punto de inflexión en la defensa de los derechos de la ciudadanía, la independencia judicial, la dignidad profesional y los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".
Los presidentes y portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han reunido este viernes para evaluar el impacto de las movilizaciones y acordar nuevas acciones en el futuro.
Las cinco asociaciones de jueces y fiscales, excepto dos más progresistas que no se sumaron a la huelga, convocaron una concentración que han calificado de "histórica" ante el Tribunal Supremo el pasado 28 de junio, así como una huelga los días 1, 2 y 3 de julio ante las reformas del Gobierno tramitadas por "la vía de urgencia -inexplicablemente-" en las Cortes Generales "lo que impedirá que los parlamentarios puedan entrevistar a los operadores jurídicos para conocer de primera mano su alcance".
Las asociaciones denuncian que las "reformas elaboradas por el Gobierno atribuyen más poder al Fiscal General del Estado, elegido por el Ejecutivo, sin reforzar su independencia y crea un centro de formación de opositores dependiente del propio Gobierno".
De este modo, describen que las reformas suponen "una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal, rompiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad". Así pues, han resaltado que "permiten la introducción de 1.004 sustitutos que se convertirán en jueces y fiscales con unas simples pruebas ad hoc, lo que vulnera los derechos de las 4.000 personas que hoy están estudiando la oposición con gran esfuerzo familiar y personal".
La describen como "la mayor huelga judicial"
Al término de la reunión celebrada este viernes, las asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado en el que trasladan a la ciudadanía, operadores jurídicos e instituciones del Estado su valoración conjunta sobre una movilización sin precedentes en la historia democrática reciente. La huelga, respaldada por un 70% de jueces y fiscales, ha supuesto un punto de inflexión en la defensa de los derechos de la ciudadanía, la independencia judicial, la dignidad profesional y los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
“Se trata de la mayor huelga judicial desde la recuperación democrática, reflejo de la gravedad de las reformas legislativas en curso”, han destacado los representantes de la mayoría de la carrera judicial y fiscal.
La huelga, convocada los pasados 1,2 y 3 de julio, ha representado “un acto de responsabilidad colectiva, secundada con ejemplaridad por miles de jueces y fiscales en toda España, que asumen la correspondiente detracción de haberes”
El paro del 11 de junio, también secundado por un 70 % de la carrera, y la concentración del 28 de junio ante el Tribunal Supremo, “fueron actos de defensa institucional. No solo se reivindicaron derechos profesionales, sino también la calidad democrática del sistema judicial”.
Los jueces y fiscales lamentan los posibles perjuicios ocasionados por la huelga, que han sido paliados en parte por los servicios mínimos, y agradecen el respaldo recibido por la ciudadanía: “Nuestra causa no es otra que la defensa de una Justicia independiente, imparcial, profesional y al servicio del ciudadano.”
Vigilancia estratégica y disponibilidad para nuevas huelgas
Las asociaciones convocantes han acordado no prolongar de forma inmediata la huelga, aunque mantiene su disponibilidad operativa total para retomar nuevas medidas de conflicto colectivo si no se producen cambios sustanciales en las reformas, y cuando concurran las condiciones jurídicas, institucionales y sociales que garanticen su eficacia.
El Comité de Huelga de las cinco asociaciones, que estableció los Servicios Mínimos, seguirá “activo, en vigilancia permanente y con unidad de acción”.
Reuniones con partidos políticos y el Parlamento Europeo
Las asociaciones de jueces y fiscales han solicitado reuniones con los partidos con representación parlamentaria para exponer las graves consecuencias que comportan estas reformas. Estas reuniones se han celebrado ante la imposibilidad de que sean llamadas, junto al resto de operadores jurídicos, a comparecer en la comisión de Justicia del Congreso, debido la tramitación urgente establecida el Gobierno.
Los representantes de la carrera judicial y fiscal han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios que los han recibido (PSOE, PP y VOX) y reiteran su disposición reunirse con las demás fuerzas políticas.
Además, una delegación viajará a Estrasburgo del 7 al 9 de julio, donde mantendrá encuentros con eurodiputados y altos representantes del Parlamento Europeo paraexponer su preocupación por la regresión de la independencia judicial en España, apelando a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea.
Deterioro de los estándares europeos de la independencia judicial.
Las movilizaciones han sido convocadas frente a unas reformas tramitadas por vía de urgencia, sin justificación alguna, y que suponen un grave retroceso en el derecho de los ciudadanos a un juez imparcial, en derechos profesionales de ambas carreras, en la independencia judicial y en el Estado de Derecho.
En particular:
- La introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen ad hoc, vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. Supone un agravio comparativo con el acceso por turno libre y perjudica a más de 4.000 opositores.
- Aumento de la subjetividad en los sistemas de acceso a la carrera judicial y fiscal, al tiempo que se premia a los que acceden por el llamado cuarto turno - para juristas de reconocida competencia y experiencia- ya que se les otorga cinco años de antigüedad ficticia cuando se presentes a cargos de la cúpula judicial (de designación discrecional por el Consejo General del Poder Judicial).
- Atribución al Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Gobierno, de competencias para preparar opositores, evidenciando riesgo de selección ideológica.
- Limitación de la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales, para reducir su capacidad operativa y función.
- Designación de 4 de los 9 miembros de la Comisión de Ética Judicial por las Cortes Generales, con riesgo de designación partidista como ocurre con el CGPJ, posibilitando su politización y deslegitimando su función.
- Reducción de la representatividad de la carrera en la elección de miembros de Salas de Gobierno.
- Refuerzo del poder del Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno,limitando aún más la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía, como paso previo a atribuirle la instrucción penal.
Según su versión, "estas reformas, en su conjunto, representan un deterioro de los estándares constitucionales y europeos de independencia judicial".
