El Cabildo de Lanzarote ha remitido una providencia a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias en la que comunica su preocupación institucional por el rechazo social generado en Lanzarote tras la delimitación y publicación inicial de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), a partir de unos mapas que "no fueron consensuados" con la corporación insular, tal y como ha defendido la primera institución de la isla hasta la fecha.
El documento expone que la publicación de dichos mapas ha provocado "un conflicto social evitable", al percibirse una afección directa al territorio insular y a la soberanía energética de Lanzarote, así como un riesgo para el retorno económico de la explotación energética en la isla. La providencia recuerda además que la normativa autonómica vigente "prioriza de forma expresa la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes, condicionando la ocupación de suelo a una justificación técnica previa y al agotamiento del potencial disponible en cubiertas".
El presidente del Cabildo señala que “la comunicación remitida al Gobierno de Canarias se ciñe estrictamente al marco legal vigente y a la necesidad de una planificación energética basada en datos objetivos y estudios actualizados sobre el uso real de las cubiertas en la isla, antes de plantear cualquier implantación en suelo”. En este sentido, la providencia solicita disponer de información técnica rigurosa que determine el grado de ocupación actual y el margen real de crecimiento de la energía fotovoltaica en edificaciones existentes.
Por su parte, el consejero Jesús Machín explica que el escrito también plantea que "cualquier futura implantación en suelo incorpore criterios adicionales de protección del paisaje y del territorio insular, así como la priorización de modelos de titularidad pública o fórmulas que garanticen un retorno social y económico para Lanzarote, siguiendo experiencias previas de gestión pública de las energías renovables en la isla".
Asimismo, Machín subraya que esta posición se enmarca en el modelo energético propio que Lanzarote ha defendido históricamente, basado en la protección del territorio, la planificación y la titularidad pública de las infraestructuras. En este sentido, recordó experiencias como Eólicas de Lanzarote, que han permitido avanzar en la transición energética compatibilizando producción renovable, conservación del paisaje y retorno económico para la isla.
La providencia insta además a la Consejería autonómica a abrir un periodo de reflexión, diálogo y negociación institucional con el Cabildo de Lanzarote, con el objetivo de reconducir el proceso de planificación energética incorporando consideraciones territoriales, sociales y ambientales, y atendiendo a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía lanzaroteña.
