A las 10:24 minutos, José Francisco Reyes ha cruzado la puerta del despacho del juez Nicolás Pita para prestar, una vez más, declaración ante la Justicia por la concesión de licencias en el municipio de Yaiza. En esta ocasión, el alcalde sureño está imputado por un presunto delito de prevaricación al conceder la licencia de las 1.000 viviendas, que el pasado mes de febrero fue hecha pública por La Voz de Lanzarote.
Pero ésta no es la única causa que tiene abierta el alcalde. De hecho, también está acusado de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por la concesión masiva de licencias, dentro de una investigación abierta, que incluyó escuchas telefónicas, a raíz de una denuncia presentada por el ex consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino. "Es la segunda querella y de los mismos inventores", manifestaba Reyes a este medio poco antes de entrar a declarar.
Y es que también fue el Partido Socialista quien decidió presentar una querella criminal contra él y contra dos técnicos municipales por la megalicencia de las 1.000 viviendas de Costa Roja, considerando insuficientes los trámites iniciados por el Cabildo, que sólo recurrió la licencia en sí (ahora suspendida cautelarmente).
Pero aunque esa querella fue admitida a trámite y le ha hecho volver de nuevo a los Juzgados en calidad de imputado, Reyes insiste en que "el mejor vecino le puede poner a uno una querella", y aseguraba sentirse "perfectamente" antes de entrar a prestar declaración junto a su abogado, Felipe Fernández Camero. Una declaración en la que, durante más de una hora, ha tenido que dar cuenta de por qué concedió una licencia para construir el complejo residencial Costa Roja, el mayor proyecto urbanístico de la isla por el que se ubicarían 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y más de 2.500 plazas de garaje al norte de Playa Blanca, en un suelo no urbano, obviando el Plan Insular de Ordenación (PIOT) de 1991 y ocultándoselo al Cabildo, pese a que está obligado a notificarle los permisos urbanísticos que concede el Ayuntamiento.
Mientras tanto, en los pasillos de los Juzgados esperaba también su turno para declarar como imputado por este caso el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, que estaba citado a las 11 de la mañana y llegó a las dependencias judiciales sobre las 10:20, y a finales de esta semana será el turno del tercer acusado en esta causa, el jefe de la Oficina Técnica municipal Antonio Lorenzo Tejera.
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