El Juzgado de lo Penal de Arrecife ha condenado al ex alcalde de Yaiza y actual concejal del PNL, José Francisco Reyes, a diez años de inhabilitación política al considerarle culpable de un delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia en suelo rústico. Además, le ha impuesto una multa de 24 meses a razón de 36 euros diarios, lo que supone el pago de casi 26.000 euros.
En [la sentencia->25917], se considera probado que Reyes autorizó las obras para transformar en restaurante una antigua vivienda, pese a que sabía que se encontraba en suelo rústico y por tanto no podía autorizarla sin solicitar al Cabildo la calificación territorial pertinente. Cuando el Juzgado requirió esa calificación tras recibir la denuncia de una vecina, la Corporación contestó negativamente.
Durante la vista oral, [celebrada el pasado lunes 9 de marzo->25433], el Fiscal sostuvo que hasta tres técnicos municipales, además del secretario y la presidenta del Cabildo, le advirtieron de que se trataba de suelo rústico, pero aún así, Reyes otorgó la licencia.
En el fallo, el Juzgado ha impuesto íntegramente la pena solicitada en un principio por la Fiscalía en cuanto a la inhabilitación y la multa. Sin embargo, no ha atendido la petición que el fiscal agregó durante el juicio, reclamando también dos años de cárcel para el ex alcalde de Yaiza. La falta de antecedentes penales ha sido uno de los factores que han evitado la pena de prisión.
Al respecto, fuentes judiciales sostienen que esta primera condena sí podría pesar en el resto de procesos que aún tiene pendientes José Francisco Reyes. Y es que en caso de volver a ser declarado culpable, a la hora de imponer la pena podría ser tenida en cuenta esta primera sentencia en su contra.
El fallo aún no es firme y puede ser recurrido pero, en caso de ser ratificado, Reyes tendrá que abandonar su acta de concejal en el Ayuntamiento.
No recuerda, no entiende
Durante el juicio, el ex alcalde declaró literalmente que no leyó los informes que firmó sobre la concesión de la licencia y que, "en general", no lee los documentos. "Confío en los funcionarios y en los técnicos, que son los que entienden", afirmó, añadiendo que "aunque los leyera, poco voy a entender porque no entiendo de urbanismo ni de ese tipo de leyes". Pero esos informes que según él no leyó, en ningún momento avalaban la concesión de esa licencia, según subrayó el fiscal.
Ante los requerimientos de la acusación y de la propia jueza, Reyes siguió durante la vista con sus propias explicaciones. "Me imagino que el suelo era urbano porque está rodeado de casas", señaló. Y cuando la jueza le preguntó a quién responsabilizaba entonces de los hechos, su respuesta fue que a nadie, y que él se limitaba a decir el sistema que hay para la concesión de licencias. "¿Le había pasado antes algo así?", insistió la titular del Juzgado. "No lo recuerdo, no sé", contesto el ex alcalde.
Según Reyes, las solicitudes entraban en el Registro general del Ayuntamiento, pasaban después a la Oficina Técnica y se los pasaban a él posteriormente con el dictamen, "tanto si es positivo como si es negativo".
Los hechos
Los hechos por los que ha sido condenado José Francisco Reyes se remontan al año 2004 y el proceso se inició tras la denuncia de una vecina. En concreto, un vecino de Yaiza, José Eugenio Camacho, solicitó una licencia de obra y una de apertura para un restaurante en el casco del municipio. El inmueble, de unos 200 años de antigüedad, [se ubicaba en suelo rústico de protección territorial, y por tanto no estaba permitido el cambio de uso de vivienda a restaurante.->7830]
Tal como defendió el fiscal, el Juzgado señala que, en todo caso, las obras requerían la calificación territorial positiva por parte del Cabildo de Lanzarote y no se solicitó dicho permiso, pese a que el alcalde estaba advertido de que era necesario.
Así, la sentencia desestima los argumentos del abogado defensor, Felipe Fernández Camero, que sostenía que aunque fuera suelo rústico de protección territorial no haría falta la calificación del Cabildo.
El primero de la lista
El próximo juicio que llevará al banquillo de los acusados a José Francisco Reyes guarda mucha similitud con el que le acaba de terminar en condena. Y es que en ambos casos, la esencia está en que autorizó obras en suelo rústico, ignorando el Plan Insular.
En concreto, en la siguiente causa que deberá afrontar está acusado de conceder nueve licencias a la entidad Casas Conejeras S. L. para la construcción de viviendas en una finca rústica de 12.500 metros cuadrados, adyacente a la carretera que une las localidades de Femés y Las Breñas. La Fiscalía sostiene que tanto la parcelación como la licencia son irregulares, por lo que considera que el ex alcalde de Yaiza incurrió en un delito continuado contra la ordenación del territorio, y pide 9 años de inhabilitación.
Pero además, tiene pendientes casos de mayor envergadura y gravedad. Uno de ellos, vinculado a la concesión de la licencia de las mil viviendas, con la que autorizó la construcción de casi un millón de metros cuadrados en los que ubicar a más de 4.000 nuevos residentes, el equivalente a toda la población de Tinajo y, sin duda, el complejo residencial más grande de todo Playa Blanca. El otro, y el más importante, la investigación penal abierta por la concesión masiva de licencias turísticas entre los años 1998 y 2003.
En el marco de esa investigación, que aún continúa abierta, el Juzgado ordenó a la Unidad Especial de la Policía para la lucha contra la delincuencia organizada que investigue los movimientos patrimoniales del entorno del alcalde, porque considera que los hechos investigados en esta causa no se reducirían a delitos de prevaricación, sino también de cohecho (sobornos), tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y es que sospecha que al autorizar alrededor de 10.000 nuevas camas turísticas en el sur de la isla, yendo en contra hasta de los propios informes municipales, Reyes podría haber obtenido un beneficio patrimonial.
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[Texto íntegro de la sentencia->25917]
