Las irregularidades en la gestión de los Centros Turísticos entre los años 1997 y 2004 que arroja la auditoría realizada por la empresa privada KPMG van camino de la Fiscalía para que sea la Justicia quien se pronuncie sobre la posible existencia de delitos. La presidenta del Cabildo, Inés Rojas, ha enviado la auditoría este miércoles 16 de mayo al Ministerio Fiscal, así como el informe jurídico-penal en el que según explica el Cabildo, "se pone en evidencia la posible comisión de una serie de delitos tales como prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y nombramientos ilegales", entre otros.
Presidencia ha dado este paso después de que el pasado viernes 11 de mayo, el Pleno del Cabildo aprobara por unanimidad poner la auditoría en conocimiento de la Justicia. Según ha explicado Inés Rojas, "en aras de la transparencia y la claridad que debe presidir la gestión pública, y en contraposición con lo ocurrido en etapas anteriores", ha sido enviado el informe "para que se depuren, en tal caso, las responsabilidades pertinentes".
Entre las irregularidades que arrojaba la auditoría que inspeccionó las cuentas de los Centros Turísticos entre 1997 y 2004 se halla un elevado aumento del gasto en publicidad y más de la mitad de compras realizadas sin que haya aparecido contrato ni justificación alguna.
