El director gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, ha sido cesado de su cargo por la empresa matriz, Canal de Isabel II. La dirección de la empresa comunicó su decisión a Díaz este miércoles por la noche.
De manera transitoria y mientras se destina un nuevo director que se haga cargo de la empresa de aguas en la isla, será el director técnico de Canal Gestión, Pedro Martín, quien ejerza las funciones de gerente. Según han indicado desde la empresa, Díaz asumirá ahora otras funciones en Madrid, supervisando las empresas y filiales de Canal de Isabel II.
Desde la empresa apuntan a una "reestructuración" como motivo de ese cese. "Le van a encomendar a otras gestiones de supervisión de empresas y filiales una vez se ha encaminado el trabajo y los proyectos en la isla", señalan, apuntando que se le ha dado ese cometido "por su experiencia y su profesionalidad".
Detención e imputación en la Operación Tosca
Sin embargo, desde Canal reconocen también que el propio Díaz ha explicado a los trabajadores que su imputación en una causa abierta en Melilla le genera "preocupación". "Ha comentado a los trabajadores de manera interna que, dada su situación de imputación, también se le estaba haciendo personalmente complicado conciliar las dos cosas, esa preocupación, esa imputación; y los problemas en Lanzarote, estar pendiente de los proyectos, etcétera. Conciliarlo se le hacía complicado", han señalado desde Canal Gestión Lanzarote.
Díaz fue detenido el pasado 17 de febrero en el marco de la operación Tosca, que llevó a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto con otras 14 personas. Fue puesto después en libertad con cargos, quedando imputado. Su arresto estaba relacionado con su época como gerente de Hispanagua, otra de las filiales del Canal de Isabel II.
El arresto de Díaz habría surgido de los registros que se realizaron en febrero de 2014 en varias empresas, incluyendo la sede de Hispanagua en Madrid, así como varias consejerías de Melilla y domicilios particulares. El mismo día en que practicó las detenciones, la Guardia Civil explicó en un comunicado que "tras el análisis de la documentación intervenida en esos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general".
