El Ministerio Fiscal ha remitido este miércoles a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias un dictamen en el que se informa que, tras un detenido examen del testimonio de particulares enviado por el Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana en el conocido públicamente como 'Caso Mogán', "no se aprecian indicios suficientes de la comisión de hecho delictivo contra persona aforada alguna", por lo que procede rechazar la competencia de la Sala. De este modo, descarta cualquier implicación del presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, y del consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel.
Por su parte, el Gobierno ha pedido que se dé a conocer el contenido íntegro de las conversaciones registradas y de todo el contenido del sumario que afecta a los miembros del Gobierno para dejar claro que ha habido una actuación ajustada a la legalidad. Considera que "desde alguna instancia oficial" se ha filtrado "parcial e interesadamente" para dañar al presidente.
El Gobierno de Canarias, en boca de su portavoz, Miguel Becerra, emitió esta tarde un comunicado en el que reclama que lo antes posible se levante el secreto de las actuaciones alrededor de la pieza separada enviada por el juez de la 'Operación Góndola' al TSJC, en la que se mencionaba la posible comisión de un delito de tráfico de influencias por parte de personas aforadas.
La nota del Gobierno de Canarias se envió a los medios unos minutos antes de que la Fiscalía del TSJC anunciase que "no se aprecian indicios suficientes de la comisión de hecho delictivo contra persona aforada alguna".
En la nota del Ejecutivo regional, el portavoz del Gobierno reclama que se levante lo antes posible el secreto de las actuaciones ante la "indefensión" en la que se encuentra el presidente del Gobierno, Adán Martín, ya que se está "especulando" sobre un posible delito de tráfico de influencias en base a lo que el Gobierno considera "filtraciones parciales e interesadas", y siempre sin que haya habido aún comunicación oficial y sin que el presidente y los miembros del Gobierno a los que se menciona conozcan qué contiene dicha pieza separada.
Becerra recuerda que desde la filtración inicial de la existencia de dicha pieza separada, "se ha venido especulando y elucubrando públicamente sobre la existencia de posibles e infundadas responsabilidades en materia de tráfico de influencias por parte del presidente [así como otros miembros] del Gobierno de Canarias, con la sola base de una conversación telefónica con el promotor de Anfi-Tauro, en la que éste recabó información sobre la tramitación de su expediente
De hecho, el Gobierno recuerda que "hasta ahora no se le han comunicado oficialmente a la Presidencia del Gobierno las actuaciones practicadas, ni tampoco se ha facilitado a los ciudadanos el contenido completo y textual de la citada conversación telefónica, como sería deseable para comprobar cuál es el fondo verdadero de las veladas acusaciones".
Es más, Becerra señala que desde "alguna instancia oficial, se están dejando entrever cada día con filtraciones parciales y muy posiblemente interesadas, tendentes a lastimar la buena imagen de honradez, trabajo y servicio público acreditada por el presidente Adán Martín en sus 28 años de dedicación a las instituciones públicas".
En la nota, el Gobierno de Canarias recuerda que el pasado lunes informó ampliamente sobre el fondo del asunto, dando cuenta de la tramitación del expediente Anfi-Tauro, "donde de forma clara se demuestra que se ha ido rebajando la desproporcionada demanda inicial de camas (7.500) a menos de una cuarta parte (1.690)".
Así, Becerra argumenta que "de forma y manera que cualesquiera demandas ?en uno u otro tono? que la empresa Anfi-Tauro ha podido expresar en los 15 meses de tramitación han encontrado la audiencia debida contemplada en las leyes y la respuesta final, ajustada a derecho, de los dos departamentos del Gobierno competentes, pendiente de su elevación al Gobierno y, posteriormente, al Parlamento de Canarias, que es el que decide finalmente sobre las declaraciones de interés general de los cuatro proyectos turísticos pendientes".
En todo este marco, es cuando Becerra considera que se están produciendo "unas manifiestas condiciones de indefensión del presidente del Gobierno de Canarias [y por extensión de la propia Institución], ya que la única forma contundente de rebatir las filtraciones interesadas es el conocimiento público de la citada conversación grabada al presidente".
"Es por ello -prosigue- que desde ahora se solicita que se levante lo antes posible el secreto de las actuaciones. Y ello para que se ponga la debida luz pública donde no hay sino oscuridad, medias verdades, frases sacadas de contexto y múltiples prejuicios en paralelo a las propias actuaciones judiciales por las que el Gobierno sigue expresando su respeto".
El Ejecutivo reclama que "es necesario garantizar la custodia de todo el material obrante en la pieza separada: cintas "originales", transcripciones "íntegras" de las conversaciones para asegurar que no se excluya ninguna, informes policiales y solicitudes policiales dirigidas al órgano judicial, con el fin de ver en qué hechos o conversaciones fundamentan una disparatada presunción de tráfico de influencias".
El Gobierno concluye que "en cualquier caso, es necesario que se garantice la tutela judicial efectiva".
ACN Press
