Con el apoyo o no de sus socios de gobierno, la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, dio este viernes cuenta al Pleno de la Corporación de un decreto dictado el pasado mes de noviembre, por el que contrató los servicios de Felipe Fernández Camero, el que fuera secretario durante años de la Corporación capitalina, y de cuyo cargo fue expulsado por decisión del Ministerio de Administraciones Públicas -confirmada por la Audiencia Nacional tras los recursos que interpuso Fernández Camero-.
El ex secretario se encuentra a la espera de cumplir una sanción de suspensión de seis meses, cuando finalice su actual situación de excedencia voluntaria. Según el decreto de Alcaldía, Fernández Camero vuelve ahora al Ayuntamiento en calidad de "asesor jurídico" de la Corporación por un año, espacio en el que percibirá casi 23.000 euros, en concreto, casi 3.800.000 pesetas.
Desde la oposición, el portavoz de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M), Andrés Barreto, anunció tras conocer el decreto que lo impugnará, alegando que el ex secretario debe cumplir la sanción de inhabilitación de seis meses impuesta por Administraciones Públicas tras quedar probada la incompatibilidad de las actividades que el ex secretario ejerció tanto en el ámbito público como en el privado.
Para Barreto, con la "información personal trasladada a Camero por la alcaldesa, que ha evitado un concurso público, se rompe así con el derecho del resto de asesores que podían optar al puesto".
Por su parte, María Isabel Déniz negó tales acusaciones alegando que "son los instructores los funcionarios que resuelven estos temas, sin que participe para nada la parte política". Según la alcaldesa, la oposición está acusando por tanto en este caso a los técnicos, que realmente son los instructores de los expedientes".
"Distinto rasero"
La oposición pidió durante el Pleno que se usara el mismo rasero para todos los trabajadores del Ayuntamiento. AC-25M, Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) y Partido Popular (PP) denunciaron la inhabilitación por tres años de un empleado municipal acusado, "sin pruebas suficientes" según Barreto, y "por simple persecución política" según el portavoz del PNL, Pedro de Armas, precisamente por presunta incompatibilidad laboral.
La oposición pidió que se investigara el caso de un cementero municipal que podría haberse dedicado a cobrar pólizas de seguro mientras era funcionario, antes de que se diera por cerrado el expediente y de que, según el PP, el Ayuntamiento se tenga que enfrentar a una posible sentencia favorable al trabajador. El portavoz de AC solicitó, por el contrario, que se abriera expediente administrativo a la funeraria Santiago El Calero, la que, aseguró, ha estado cambiando de color lápidas del cementerio cobrando por ello, y a la que acusó de aliarse con otra funeraria para arremeter contra el funcionario cumpliendo instrucciones pero no pudiendo demostrar la relación laboral con el trabajador.
Según la alcaldesa, que al parecer rebajó con piedad la expulsión a la sanción, la información aportada por AC y PNL sobre el expediente sancionador era "sesgada y manipulada", mientras que por su parte, el concejal de Recursos Humanos, Juan Antonio Santana, afirmó que había evidencias claras de la incompatibilidad laboral juzgada, pues una cinta de audio aportada por el Comité de Empresa al parecer desvela cómo el trabajador aprovechaba su puesto en el Ayuntamiento para vender pólizas.
En el caso de presunto "mobbing" o presión laboral de la que la oposición acusó al concejal de Obras Públicas, Luis Morales, contra el palista Juan Manuel Viñoli, Andrés Barreto argumentó que había sido precisamente la Inspección de Trabajo la que había dictado una resolución reponiendo al empleado en su ocupación que, "durante meses, no fue efectiva". La moción de urgencia de Alternativa Ciudadana, pidiendo una declaración institucional del Ayuntamiento en contra de este tipo de "vejación laboral" y las disculpas del concejal aludido, tildado desde el PNL de "dictador", no fue aprobada.
Por su parte, el propio Pedro De Armas acusó también a Morales de amenazar al equipo de fútbol Atlético Atiense con no dejarle seguir jugando el resto de temporada debido a algunas "gamberradas" que al parecer han hecho algunos de sus aficionados.
