La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha notificado este miércoles la sentencia que dictó el pasado 19 de diciembre de 2008 resolviendo el recurso que la entidad "Dinosol Supermercados S.L." (sucesora de Pio Coronado S.A.) interpuso contra el Decreto que el 7 de septiembre de 2000 dictó la entonces alcaldesa de Arrecife, Manuela Armas (actual presidenta del Cabildo), denegando la licencia de obras al proyecto de Centro Comercial de Valterra que pretendía ejecutar aquella empresa donde se encuentra actualmente el supermercado Hiperdino en Valterra.
Tras un pormenorizado análisis de la normativa urbanística aplicable al caso, el Tribunal concluye rechazando el recurso formulado por la empresa Hiperdino porque considera que el Plan General de Arrecife no permite la instalación de grandes superficies comerciales en la Zona Homogénea 9 (donde se encuentra actualmente un supermercado de la misma empresa), por lo que considera que la decisión que adoptó la entonces alcaldesa de Arrecife se ajustó plenamente a Derecho y era la decisión correcta, rechazando, en consecuencia, la petición de 15 millones de euros que en concepto de indemnización también solicitaba el demandante por los daños y perjuicios que le habría causado la demora en la construcción de su centro comercial durante todos estos años.
Tres catedráticos
Después de analizar los argumentos de todas las partes sobre la normativa urbanística aplicable al caso (en el pleito estaban personados como demandados tanto el Ayuntamiento de Arrecife como el Círculo de Empresarios de Lanzarote que hizo una encendida oposición al citado centro comercial) y de analizar los múltiples dictámenes que aportó el recurrente en defensa de la construcción del centro comercial, emitidos por tres eminentes catedráticos de Derecho Administrativo (Luciano Parejo, Eduardo García de Enterría y Alfonso González Pérez) y de estudiar también los informes emitidos en el expediente municipal avalando la negativa a la construcción del centro (un informe de su oficina técnica y un extenso dictamen realizado por el abogado experto en urbanismo, Agustín Domingo Acosta, que rechazaba las tesis expuestas en los dictámenes aportados por Hiperdino) el Tribunal acoge en sus profusos razonamientos las tesis jurídicas defendidas en los informes que apoyaron la denegación de la licencia, avalando así, con toda rotundidad, la imposibilidad de construir el Centro Comercial que pretendía la recurrente en ese lugar.
La Sala resume los razonamientos contenidos en la Sentencia que zanja este polémico caso remitiéndose a los argumentos que fueron esgrimidos por el Círculo de Empresarios de Lanzarote a lo largo del proceso judicial (entidad que a lo largo del pleito llevó el peso de la defensa del decreto municipal recurrido) señalando que "como dice la parte codemandada el equipamiento comercial al servicio de toda la población queda extramuros del genérico uso comercial (limitado o condicionado) que es permitido en una zona con edificación industrial".
Nueve años y 15 millones
Con esta resolución concluye un largo y complejo proceso judicial que ha durado nueve años y en el que la entidad recurrente no solo pedía que se le concediera la licencia para la construcción de su Centro Comercial, sino que también reclamaba al Ayuntamiento 15 millones de euros, más los intereses de estos nueve años que ha durado el pleito, por la tardanza en su concesión, de lo que también se libra el Ayuntamiento de Arrecife.
