"Los posicionamientos ultra conservadores, reaccionarios y retrógrados que preconizar sectores del PP y de la jerarquía eclesiástica católica, pretenden imponer un integrismo radical y religioso por la vía de la normativa legal". De esta contundente y crítica forma ha calificado la Confederación General del Trabajo (CGT) en Lanzarote la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de reformar la Ley Orgánica 2/201 de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como Ley del Aborto.
El sindicato ha señalado que "el control del cuerpo de la mujer siempre ha sido, a lo largo de la historia, una obsesión patriarcal, dando a entender que las mujeres son propiedad de los varones y por tanto no están capacitadas para decidir y tomar decisiones". "El derecho a elegir es solo un aspecto más de un tema mucho más amplio que el de los derechos reproductivos, esto es: el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su vida reproductiva y sobre cuándo quieren ser madres", ha manifestado.
La Confederación General del Trabajo ha recordado que los derechos reproductivos incluyen "mucho más que poner fin a un embarazo no deseado", ya que comprende también "la decisión de tener hijos o no". Para ello, según el sindicato, es "imprescindible" la recuperación de las políticas de planificación, "que han hecho desaparecer tanto los gobiernos del PP como los del PSOE".
Para el sindicato, la propuesta del ministro de Justicia de "recuperar la Ley de supuestos" significa "retroceder en libertades, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las mujeres". "Quieren obligar a llevar adelante un embarazo aún cuando el feto tenga graves minusvalías o malformaciones. Un despropósito poco entendible que no se puede permitir", ha criticado.
Desde este sindicato han recordado también que la eliminación del derecho de las jóvenes de 16 o 17 años a decidir sobre su embarazo "supondrá un aumento de los abortos clandestinos, que incidirá negativamente en la salud y seguridad de las mujeres". Por todo ello, CGT ha insistido en que este anuncio es "un ataque directo a la autonomía de las mujeres". "Un ataque de la derecha ultra conservadora, a quien solo interesa la capacidad reproductiva que poseen las mujeres", ha denunciado.
Por todo ello, ha exigido la libre elección de la mujer sobre su cuerpo, "sin sobres informativos ni períodos de reflexión", la igualdad territorial y gratuidad en todo el Estado español y políticas eficaces de anticoncepción, incluidas en la Seguridad Social y aplicables universalmente, así como la inclusión de una materia afectivo sexual en los currículos escolares o la formación específica para el personal sanitario, educativo y los servicios sociales.
Además, ha pedido "seguridad jurídica" tanto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como para el personal que lo realiza.
