Las decenas de denuncias que el servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo ha dejado de tramitar y de sancionar en los últimos años incluyen una en la que intervino la Guardia Civil, que hace más de un año informó de la "incautación" de dos anclas antiguas con valor histórico, al detectarse que un particular estaba intentando venderlas en Internet. Sin embargo, lo que fue una incautación por una infracción contra la Ley de Patrimonio Histórico, para el Cabildo se terminó convirtiendo misteriosamente en una "cesión" voluntaria de esas anclas por parte del "propietario"
Así lo refleja un informe de la jurista de Patrimonio del Cabildo, elaborado para dar explicaciones de lo que ha ocurrido con al menos 37 denuncias elevadas por el inspector de este departamento en los tres últimos años. En ese informe se alega que no se han incoado expedientes sobre ninguna de esas denuncias por falta de técnicos pero, en el caso de las anclas, la jurista da otra versión que nada tiene que ver con las actas levantadas en su día. De hecho, niega que se tratara de una "aprehensión", a pesar de que eso era lo que reflejaba en su informe el propio inspector de Patrimonio, que colaboró en esta intervención con el Destacamento de Protección de la Naturaleza (Deprona) de la Guardia Civil.
"Consta en el expediente que dichas anclas no fueron incautadas por parte de este Cabildo", señala la jurista, que sostiene que "dichos elementos fueron cedidos temporalmente" a la Corporación insular "por el poseedor de los mismos". Para afirmarlo, la jurista se basa en un decreto que firmó el presidente, Pedro San Ginés, el 10 de junio de 2017, dos días después de que actuara el Deprona. En ese decreto, San Ginés no hacía referencia alguna a la aprehensión de las anclas, ni al hecho de que el supuesto propietario estuvieran intentando venderlas por Internet, ni a la infracción a la Ley de Patrimonio de la que advirtió la Guardia Civil, sino a una "cesión" voluntaria del "propietario".
El "propietario" alegó que las obtuvo por una empresa que hizo un dragado en la costa
Quien tenía esas anclas en su poder era un conocido empresario que hace años apareció vinculado a varias causas judiciales. Según el acta que levantó la Guardia Civil tras la inspección, éste alegó que había obtenido esas anclas a través de "una empresa que realizó un dragado" en la costa de Arrecife y aseguró que "desconocía el valor arqueológico de las mismas".
En el acta, los agentes dejaron constancia de que se procedía a la "aprehensión" de las anclas, así como a formular una denuncia contra esta persona por una infracción contra la Ley de Patrimonio Histórico, solicitando al Cabildo que procediera "a su retirada cautelar con el fin de garantizar su salvaguarda". Dos días después de esa intervención, sin embargo, San Ginés señaló en su decreto que el "propietario" de las anclas había manifestado durante la inspección su "cesión temporal de la custodia y depósito" al Cabildo, "a fin de que cautelarmente se realice un estudio preciso y concluyente de las mismas desde el punto de vista de sus valores patrimoniales".
El presidente hacía además referencia a un escrito que el presunto infractor, al que se refería como "propietario", al parecer habría aportado posteriormente, dando lugar a ese decreto emitido dos días después hablando de "cesión" y no de incautación. No obstante, ese escrito "no constaba" en el departamento de Patrimonio el día en que se realizó la inspección.
"No poseía documento que amparase la procedencia legal de las anclas"
La versión recogida en el decreto de San Ginés dista de la ofrecida en su día por la Guardia Civil, que envió un comunicado informando de esta intervención y explicando que las anclas habían sido incautadas. "Una vez localizado al vendedor, éste admitió ser el propietario, aunque reconoció que no poseía ningún título o documento que amparase la procedencia legal de las anclas. Al no comunicar a las autoridades competentes el hallazgo e intentar traficar con ellas, esta persona fue denunciada por una infracción grave, interviniéndose las anclas", señalaba la nota enviada entonces por la Benemérita, que apuntaba que este tipo de infracción puede suponer multas de entre 3.001 hasta 150.000 euros según la Ley de Patrimonio Histórico.
Tras conocer ahora el informe de la jurista y el decreto firmado entonces por San Ginés, La Voz ha vuelto a contactar con la Guardia Civil, que se ha ratificado en el contenido de ese comunicado y en el hecho de que no se produjo una cesión sino una incautación de unos bienes con valor patrimonial, así como una denuncia a la persona que los tenía en su poder y que estaba intentado venderlos cuando intervinieron los agentes. De hecho, fue el inspector de Patrimonio quien dio la voz de alarma y contactó con el Deprona al ver que esas anclas se estaban ofreciendo a la venta por Internet.
De "cesión temporal" a "cesión permanente"
Pese al decreto de San Ginés, el acta que levantó el inspector de Patrimonio cuando el Cabildo se hizo cargo de esas anclas sí señalaba que procedían de "una aprehensión" y que las recibía "de manos de los agentes del Seprona de la Guardia Civil". "Se trata de objetos arqueológicos con valores patrimoniales, testigos de la historia marítima de Arrecife", señalaba, apuntando que eran anteriores al siglo XIX.
Sin embargo, el informe emitido ahora por la jurista niega que se tratara de una aprehensión y se remite al decreto de San Ginés, insistiendo en que se trató de una "cesión temporal" durante tres meses. Además, añade que después esa cesión "se tornó en permanente el 9 de junio de 2017", aunque no explica si eso se produjo en base a un nuevo decreto o acuerdo con el supuesto propietario. "En cualquier caso, informaré también sobre este expediente", concluye en su informe, en el que también se compromete a informar del resto de denuncias no tramitadas en los últimos años.
