La Justicia ha dado un paso más respecto a José Francisco Reyes y trata de llegar al fondo de los motivos que llevaron al alcalde de Yaiza a conceder más de 30 licencias de obras y prórrogas de otras caducadas entre los años 1998 y 2003, que ahora han pasado a estar bajo sospecha de corrupción. Por eso, el Juzgado que sigue el proceso penal abierto contra José Francisco Reyes por esta causa ha ordenado a la Unidad Especial de la Policía para la lucha contra la delincuencia organizada que investigue los movimientos patrimoniales del entorno del alcalde.
Y es que quiere conocer por qué Reyes otorgó esos permisos autorizando la edificación de numerosos hoteles y apartamentos turísticos en Playa Blanca en contra del Plan Insular de Lanzarote, de los informes del Cabildo y de los propios informes de los técnicos municipales. El Juzgado trata de averiguar el alcance de esas motivaciones y los posibles implicados en los hechos presuntamente delictivos que se están investigando, además de la intervención y responsabilidades que podrían haber tenido terceras personas.
Esta decisión fue adoptada de oficio por el Juzgado que instruye la causa criminal contra José Francisco Reyes después de haber tomado declaración al alcalde y después, también, de haber reclamado al Ayuntamiento de Yaiza todos los expedientes municipales de concesión de licencias ilegales que fueron denunciadas por el Cabildo de Lanzarote. En esos expedientes queda constatada la totalidad de los hechos y circunstancias absolutamente irregulares que rodearon la concesión de los permisos. Muchos de ellos los otorgó Reyes el mismo día en que le fueron solicitadas las licencias a pesar de que tenían informe negativo de los técnicos del propio Ayuntamiento y carecían del informe preceptivo y vinculante del Cabildo. Otros consistieron en la emisión de certificados de obtención de licencias ilegales por silencio que tenían informes negativos municipales o en la concesión de prórrogas fraudulentas.
Intentos de frenar las investigaciones
La defensa del alcalde de Yaiza intentó impedir que se realizara la investigación patrimonial que ya está en curso. Presentó diversos recursos contra las decisiones que han sido adoptadas de oficio por la propia Magistrada que instruye el caso, alegando que los delitos que se investigan en esta causa, concesión ilegal de licencias, serían únicamente delitos de prevaricación, es decir, que no se habría cobrado u obtenido un beneficio patrimonial por conceder la licencia ilegal. Pero el Juzgado los ha rechazado mediante un Auto de 20 de diciembre de 2007 porque considera, a la vista del material y documentos obtenidos, que los hechos investigados en esta causa no se reducirían a delitos de prevaricación, sino también de cohecho (sobornos), tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y es que sospecha que las licencias ilegales podrían haberse otorgado para obtener un beneficio patrimonial.
Así, la investigación sigue su curso y a estas alturas diversas entidades públicas y privadas han recibido ya las primeras solicitudes de información sobre operaciones relacionadas con el todavía alcalde de Yaiza y su entorno.
Por tanto el caso de los permisos ilegales que José Francisco Reyes otorgó a numerosos hoteles y apartamentos en el sur de la Isla no sólo ha concluido en la anulación de dichos permisos por los Tribunales Contencioso Administrativos que ya han anulado una veintena de esas licencias, sino que también deja tras de sí la sombra de la sospecha de corrupción que el Juzgado está investigando.
Además, cabe recordar que ésta no es la única causa criminal que pesa sobre el alcalde de Yaiza. Reyes ya tuvo que acudir el pasado mes de octubre a los Juzgados para declarar como imputado de un presunto delito de prevaricación en la concesión de la licencia de las 1.000 viviendas y más de 200 locales al norte de Playa Blanca. Una causa en la que también están imputados el secretario del Ayuntamiento y un técnico municipal.
Y mientras el cerco judicial se estrecha sobre José Francisco Reyes, desde el terreno político también afronta un duro varapalo, ya que el próximo martes se someterá a la moción de censura presentada por Coalición Canaria y el PIL, que previsiblemente terminará con el mandato de Reyes en el Sur y convertirá a Gladys Acuña en la nueva alcaldesa del municipio.
Rastreo de los bienes de Reyes y sus allegados
La sociedad denominada "Sea Sun Lanzarote S.L." adquirió a finales de 2004 un yate de 12 metros de eslora de tipo catamarán de la marca "Cata", modelo "356", valorado en más de 30 millones de las antiguas pesetas. El domicilio social de "Sea Sun Lanzarote S.L." está en la Avenida Rubicón nº5 del pueblo de Femés, es decir, en la vivienda donde reside José Francisco Reyes. El yate adquirido por la sociedad un año después de que finalizara el "boom" de las licencias de obras bajo sospecha de ilegalidad que el Ayuntamiento de Yaiza concedió a múltiples promotores urbanísticos, dispone desde hace tres años de un atraque de gran eslora en el puerto deportivo "Marina Rubicón", cuyo tarifa con descuento por larga estancia asciende a unos 6.000 euros al año.
