El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número 1 de Canarias ha emitido un auto por el que desestima el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y mantiene el tercer grado a Dimas Martín, según ha adelantado la agencia EFE. El líder del PIL cumple una condena de ocho años de prisión por malversación de fondos públicos y dos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise.
Gracias a este auto, que califica de "muy positiva" la "trayectoria del interno", Dimas Martín podrá seguir acudiendo a prisión sólo a dormir, aunque aún cabe recurso de reforma contra esta decisión.
De hecho, esta no es la primera vez que la Fiscalía recurre el tercer grado otorgado al líder del PIL y, ya en la anterior ocasión, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria rechazó su recurso y fue posteriormente la Audiencia Provincial de Las Palmas la que estimó la apelación del fiscal y anuló el tercer grado penitenciario, en mayo de 2008.
Sin embargo, poco después, concretamente el pasado 16 de diciembre, Instituciones Penitenciarias volvió a conceder este beneficio penitenciario a Martín. Ese mismo mes, la Fiscalía decidió recurrir de nuevo el tercer grado, porque consideraba que no se dan las condiciones necesarias. Entre ellas, el no haber cumplido aún la mitad de la pena impuesta.
Además, el Fiscal señalaba en su recurso que el líder del PIL no ha abonado el pago de la responsabilidad civil a la que fue condenado, aunque el Juzgado de Vigilancia entiende que eso no es motivo para retirar el tercer grado, dado que "consta el compromiso del interno para hacer frente al mismo en función de sus ingresos económicos", "la solicitud del pago fraccionado solicitada al tribunal sentenciador" y "la copia de los correspondientes resguardos de ingreso respecto de los pagos realizados por el interno desde febrero de 2008".
CUARTA CONDENA
La del Complejo Agroindustrial es la cuarta condena de Martín, que ya estuvo antes en prisión provisional aunque no fue condenado por una presunta estafa inmobiliaria por el caso de Los Cocoteros de finales de los años setenta.
Las condenas se han producido por el caso de Roger Deign, en 1993, por cohecho; por desobediencia por el bañadero de Guatiza, y por soborno en la compra del voto de un concejal del PP de Arrecife en 1995. La del Complejo es la condena de mayor duración a la que se ha tenido que enfrentar.
