LES IMPUSO FIANZAS DE 1,8 MILLONES Y DE 240.000 EUROS EN LA PIEZA DE URBASER

El Juzgado de Unión embarga casas, fincas y otros bienes a Dimas Martín y María Isabel Déniz

Impuso a la ex alcaldesa de Arrecife una fianza de 1,8 millones en la pieza del supuesto amaño de contratos a Urbaser y de 240.000 euros a Dimas. Ahora ha decretado el embargo de bienes para "garantizar" que se cubren esas sumas...

Viviendas, fincas, vehículos e incluso una parte de su sueldo. Esa es la lista de bienes que el Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife, encargado del caso Unión, ha dado orden de embargar a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y al líder histórico del PIL, Dimas Martín. La magistrada Silvia Muñoz le impuso a Déniz una fianza de 1,8 millones de euros al cerrar la instrucción de la pieza relativa a la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos a Urbaser y de la construcción del pabellón de Argana, a cambio supuestamente de comisiones y dádivas. A Dimas Martín, le impuso 240.000 euros. Sin embargo, ninguno de los dos ha cubierto esas sumas, por lo que el Juzgado ha decidido embargarles diversos bienes para "garantizar" que se cubren esas cantidades.

Así, en varios decretos fechados entre el 24 de mayo y el 1 de junio, el Juzgado establece el embargo de esos bienes. En consonancia con la fianza que se le impuso, el mayor embargo es a la ex alcaldesa. Así, mientras que a Dimas Martín se le embargan cinco fincas rústicas en Teguise, el embargo a Déniz abarca desde un coche y varias casas a una parte de su sueldo de profesora. 

María Isabel Déniz fue notificada el 23 de marzo de que tenía 3 días para ingresar cerca de 1,8 millones de euros, a lo que se limitó a responder que “quedaba enterada y no quería manifestar nada más”. A 24 de mayo, no había cubierto esa cantidad, por lo que el Juzgado decidió en un primer decreto embargarle una moto Honda con una cilindrada de 125 y un Mercedes, además de la mitad de una casa de 188 metros cuadrados en la Avenida de Playa Honda y de un almacén-estacionamiento de 105 metros en Teguise cuya titularidad comparte con su marido. 

Tras seguir haciendo “averiguaciones” sobre los “bienes de propiedad” de Déniz para “garantizar” que cumplía con sus “responsabilidades”, el Juzgado fue ampliando la lista de embargos. Así, a la casa, el almacén, la moto y el coche, se suman también otra casa en Playa Honda, con 170 metros construidos y otros 64 de “jardines y zonas verdes”, un “almacén y una habitación” en La Graciosa de 180 metros, y una finca rústica de 12.000 metros cuadrados en la Montaña de Las Nieves, compartidas todas ellas también con su esposo. Por último, el Juzgado decretó que se le embargara la “parte proporcional” de su sueldo como profesora de secundaria, en función de los límites que consten para ello en la Consejería de Educación.

A la ex alcaldesa se le imputan en esa pieza del caso Unión los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración, información privilegiada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según se recoge en la instrucción de la causa, mientras era alcaldesa, María Isabel Déniz habría recibido comisiones, regalos y disfrutado de viajes, pagados todos ellos por Urbaser, que incluso se habría encargado de cubrir sus gastos mensuales de “ropa y peluquería” (3.000 euros cada mes, según señalaba el auto de la juez) o de abonar el sueldo a la persona encargada de la limpieza de su casa.

La juez también determinó que el marido de Déniz y cotitular de algunos de esos bienes, José Domingo Abreut Cabrera, deberá comparecer “en calidad de partícipe a título lucrativo”, por el “beneficio que pudiere haber obtenido de los efectos derivados de la actuación atribuida a doña María Isabel Déniz”. 

 

Dimas Martín aseguró que “no tiene medios” para pagar


Por su parte, Dimas Martín fue notificado el mismo día que Déniz, el 23 de marzo, de que tenía tres días para ingresar, en su caso, 240.000 euros. Sin embargo, manifestó al Juzgado “que no tiene medios para aportar la fianza requerida”, y tampoco cubrió la cantidad que se le pedía.

Así, mediante un decreto fechado este miércoles, 1 de junio, el Juzgado de Instrucción Número 5 decidió el embargo de cinco fincas rústicas situadas en el municipio de Teguise e inscritas a su nombre. En total, la superficie de esos terrenos suma más de 11.500 metros cuadrados.

Al fundador del PIL, la juez le atribuye en esta pieza del caso Unión los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y uso de información privilegiada.

 

Una adjudicación “fraudulenta”, un concurso amañado, viajes y regalos


La instrucción de esta pieza recoge una presunta trama de comisiones alrededor del servicio de recogida de basuras de Arrecife y de la construcción del pabellón de Argana. Se investiga la adjudicación supuestamente “fraudulenta” a Urbaser de ese servicio, el amaño del concurso público para lograrlo (el que era jefe de la Oficina Técnica, que también está acusado, supuestamente abrió los sobres del resto de empresas que se presentaron y dio el ‘cambiazo’ para incluir una oferta mejorada de Urbaser, tras averiguar lo que ofrecía el resto) y la adjudicación directa de dos contratos de obra, que además eran “alternativos” y por tanto bastaba con contratar una de las opciones. 

Según recogía el auto de la juez que cerró la instrucción, existió un “concierto de voluntades delictivas” para que la empresa Urbaser resultara adjudicataria del concurso para gestionar el servicio de basuras. A lo largo de la instrucción, imputados como Matías Curbelo confesaron algunos de esos pagos. El que fuera la mano derecha de Dimas Martín confesó que había cobrado personalmente un soborno de Urbaser, de “entre 25 y 50 millones de pesetas”, que supuestamente se iban a “repartir” entre Dimas y María Isabel Déniz, a cambio de la adjudicación del contrato. A su confesión se suma además la de otros imputados en esta pieza, como la del que era gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez.   

También forma parte de esta pieza el viaje que María Isabel Déniz realizó a Marrakech con ocho miembros de su familia y que fue pagado por FCC. El auto define ese viaje como una “dádiva” de “gratificación” a la ex alcaldesa por la adjudicación a esta empresa de las obras para construir el pabellón municipal de Argana (que además lleva tres años cerrado por sus numerosas deficiencias). Fue el propio Dimas Martín quien entregó al Juzgado la factura de ese viaje, en el que, entre otros miembros de la familia de Déniz y ella misma, participó también su marido.

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