Después de cuatro años de investigaciones, de escuchar a todos los imputados y tomar cuenta de las pruebas que aportaron en su descargo, y de recibir los testimonios de peritos y agentes del Seprona, el Juzgado de Instrucción ha apreciado indicios serios de criminalidad por parte del alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, suficientes como para sentarle en el banquillo de acusados en lugar de archivar la causa que se instruye en relación a un bar restaurante situado en la localidad sureña.
Así, el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Arrecife ha dictado, en el procedimiento abreviado 23/2006, el auto de procesamiento contra Reyes, por el supuesto delito de prevaricación urbanística, al haber otorgado las licencias y autorizaciones para la ejecución de obras de reforma y ampliación de una vivienda y su transformación en bar restaurante, pese a estar en un suelo clasificado y categorizado como rústico de protección territorial.
El caso, del que ya diera cuenta La Voz en su edición del pasado 7 de julio, ya ha pasado por la etapa de las diligencias previas, tras lo cual el juez ha decretado el auto de apertura para el juicio oral, habiéndose formulado ya las conclusiones provisionales tanto de la Fiscalía como de la defensa.
Los hechos tienen su origen en la licencia municipal otorgada por José Francisco Reyes el 10 de enero de 2005 autorizando a José Eugenio Camacho el cambio de uso y obras de refacción y ampliación de la vivienda ubicada en la calle García Escamez, 23 de la localidad de Yaiza, para dedicarlo a bar restaurante, según un proyecto redactado por el arquitecto Nicolás Betancort Pérez.
Esas obras, una vez iniciadas, fueron denunciadas ante el Ayuntamiento por vecinos de la zona, sabedores de que el inmueble está situado en suelo rústico protegido, pero frente a estas denuncias, el Consistorio presidido por Reyes no sólo no paralizó las obras, sino que además concedió las licencias autorizándolas, a pesar de que tanto el secretario del Ayuntamiento como el aparejador municipal "informaron al alcalde que las obras estaban siendo realizadas en suelo clasificado como rústico de protección ambiental e incluso como área de reserva paisajística en el antiguo Plan General de Yaiza", según la acusación del Ministerio Fiscal.
Ante esto, los hechos fueron denunciados ante el Seprona, cuyos agentes constataron la realización de las obras, realizaron el correspondiente atestado y lo pusieron en conocimiento de juzgado de turno, con lo cual se iniciaron todas les diligencias que, al apreciar el juez de instrucción la existencia de indicios racionales de criminalidad en estos hechos, decidió el enjuiciamiento del alcalde.
Incumplimiento de las obligaciones legales
El Ministerio Fiscal considera que José Francisco Reyes, al momento de otorgar las licencias y autorizaciones para la ampliación y reforma de la vivienda de la calle General García Escámez, 23 de Yaiza, y su uso como bar restaurante, "supo inicial o sobrevenidamente que, independientemente de la licencia que otorgara al promotor para realizar una actividad clasificada, la ejecución de las obras de reforma y ampliación del inmueble, por tratarse de obras a realizar sobre suelo rústico de protección territorial, requería que el Cabildo Insular de Lanzarote aprobase la calificación territorial antes de otorgar la correspondiente licencia municipal de obras al promotor".
Por lo tanto, "incumpliendo su obligación legal de prohibir que las obras se iniciaran o su obligación legal de ordenar las suspensión de las obras ya iniciadas, José Francisco Reyes, como alcalde de Yaiza, consintió la ejecución de las mencionadas obras", ya que "estando la ejecución de las obras próxima a su conclusión y a sabiendas de no haber obtenido dichas obras calificación territorial del Cabildo, José Francisco Reyes firmó un decreto de la Alcaldía por el que otorgó la licencia municipal de obras a José Eugenio Camacho", señala la Fiscalía en sus conclusiones provisionales.
Estos hechos constituyen, según esa acusación, un delito penal de prevaricación urbanística, por lo que pide que Reyes sea condenado a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años, y multa de 24 meses, a razón de una cuota diaria de 36 euros.
