La primera pieza cerrada del caso Montecarlo, por malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de San Bartolomé, ya está lista para ir a juicio. Tras cerrarse la instrucción el pasado mes de diciembre y presentarse los escritos de acusación, el juez instructor, Ricardo Fiestras Gil, ha dictado ahora el auto ordenando la apertura de juicio oral. Además, en ese auto impone fianzas por un valor total de casi 2,8 millones de euros a los cinco acusados en esta pieza, para responder por las cantidades que tendrán que abonar en caso de condena.
La mayor fianza se pide para el interventor Carlos Sáenz, al que le reclama que deposite 625.148 euros. Por su parte, el empresario José Vicente Montesinos y el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez, tendrán que entregar 525.921 euros cada uno. Además, el juez exige 311.432 euros al ex alcalde, Miguel Martín, y 282.599 euros al que era concejal de Hacienda, Javier Betancort. A estas fianzas se suman también las que deberán depositar las dos empresas investigadas, Recingest y Progestril. Ambas sociedades pertenecen a Montesinos y también irán a juicio como responsables civiles. Para la primera, el juez exige una fianza de 116.000 euros y para la segunda, de 409.920 euros.
El auto, que está fechado el pasado 31 de marzo y ya ha sido notificado a las partes, da un plazo de cinco días para depositar esas fianzas. En caso de no hacerlo, el juez ordena que se les embarguen los bienes que tengan a su nombre hasta cubrir la cantidad que les exige. Esa cifra se ha establecido en función del dinero que presuntamente contribuyó a malversar cada uno con las facturas que autorizó. Además, Carlos Sáenz también debe responder de los 75.000 euros que, según la instrucción, cobró indebidamente, al autorizar pagos para sí mismo por encima de los honorarios que le correspondían por su trabajo.
Sáenz "se concertó" con los otros cuatro acusados
El juez instructor considera que la investigación ha arrojado indicios suficientes de que Carlos Sáenz, que entonces era interventor de San Bartolomé, "se concertó" con los otros cuatro acusados "para llevar a cabo la sustracción de fondos públicos" del Ayuntamiento. Esto se habría materializado a través de dos empresas que estaban a nombre de Montesinos, que llegaron a cobrar casi 400.000 euros del Consistorio (307.440 con facturas de Progestril y 87.000 euros con facturas de Recingest). Y según el juez, los acusados autorizaron esos pagos "a sabiendas de que no obedecían a ningún servicio prestado, sino únicamente a la sustracción de dinero público en perjuicio del municipio de San Bartolomé"
En el caso de las facturas de Recingest, ni siquiera estaban amparadas por ningún contrato ni expediente de contratación. En cuanto a las facturas de Progestril, el juez instructor concluye que crearon un "expediente de contratación fraudulento y simulado", adjudicando dos contratos a esta empresa, uno en mayo de 2002 y otro en septiembre de 2004, por supuestos servicios de consultoría y asesoría relacionados con la recaudación de tasas e impuestos municipales. En teoría, el Ayuntamiento había invitado a tres empresas a presentar ofertas, pero en realidad las tres "estaban bajo el control y administración del mismo empresario".
En virtud de esos contratos, la empresa fue cargando después al Ayuntamiento distintas facturas. Sin embargo, según el juez instructor, "no solo no resulta debidamente justificada la prestación del servicio" por el que cobró Montesinos, sino que además las cantidades que recibió superaban con creces el importe que se fijó en los contratos, llegando a triplicar esa cifra en el caso del primer contrato.
Cobró el triple del supuesto beneficio que generó
En cuanto al segundo contrato, se establecía que el empresario recibiría un porcentaje de la deuda que descubriera y de la que llegara a cobrar de forma efectiva el Ayuntamiento. Sin embargo, lo que ingresó en Consistorio por esa "supuesta colaboración con la Tesorería municipal" fueron 44.015 euros, mientras que Montesinos facturó al Ayuntamiento 135.998 por ese concepto. Es decir, se llevó tres veces más del beneficio que supuestamente generó.
Además, Montesinos aún pretendía cobrar otras facturas que ya habían sido reconocidas por el interventor, por valor total de unos 50.000 euros, pero que no se llegaron a pagar. Con la entrada del nuevo grupo de gobierno, la actual alcaldesa y el concejal de Hacienda bloquearon los pagos, por lo que el empresario llevó al Ayuntamiento a los tribunales para reclamar esa supuesta deuda.
Además tener esos pleitos abiertos con Montesinos, el Consistorio está también personado en esta pieza del caso Montecarlo, ejerciendo como actor civil. En su escrito de calificación, la defensa del Ayuntamiento se adhirió al relato de los hechos planteado por la Fiscalía en su acusación, aunque no a la petición de penas. Y es que al no ejercer como acusación particular sino como actor civil, su papel se limita a reclamar la devolución de las cantidades presuntamente malversadas.
Penas de entre 5 y 12 años de cárcel
Por su parte, el fiscal pide penas de entre 5 y 12 años de cárcel para los cinco acusados. Para Carlos Sáenz reclama 12 años de cárcel, por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad de documento público. Además, solicita que sea inhabilitado durante 22 años y que pague una multa de 260.000 euros. Casi la misma pena reclama para el empresario José Vicente Montesinos, que durante la instrucción reconoció haber entregado sobornos al interventor a cambio de que autorizara el pago de sus facturas. En total, Montesinos se enfrenta a una petición de 11 años y 11 meses de cárcel, así como a una multa de 206.000 euros.
En cuanto a los otros tres acusados, el fiscal considera que son responsables de un delito de malversación y otro de prevaricación. Para el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez Pérez, pide 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años. Por último, tanto para el ex alcalde, Miguel Martín, como para el que era concejal de Hacienda, Javier Betancort, reclama 5 años y 9 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación absoluta.
El juicio se celebrará ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, a quien se elevará ahora toda la causa. En su auto ordenando la apertura de juicio oral, el magistrado ordena que se le dé traslado también a la Audiencia de los recursos que queden pendientes, y que deberán resolverse antes de que se celebre la vista oral. Después, se fijará la fecha para el juicio, en función de la disponibilidad del calendario de la sección de la Audiencia a la que le corresponda enjuiciar este caso.
