El tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, ha dejado de estar imputado en el caso Montecarlo. El juez Ricardo Fiestras ha decidido sobreseer las actuaciones abiertas contra él, coincidiendo así con el criterio planteado desde el primer momento por la Fiscalía en esta causa. En su auto, fechado el pasado 12 de enero, el juez subraya la "ausencia de indicios de infracción penal" en la actuación de Cabrera Panasco.
"Ningún ánimo delictivo puede desprenderse si el ejecutor de pagos únicamente conoce la orden de pago y no el resto de documentación", señala el juez, aclarando que el tesorero no interviene en la autorización de los pagos, sino tan solo en su ejecución material. Además, agrega que "cuando ha tenido datos", Cabrera Panasco "ha manifestado su desacuerdo", tanto al que era concejal de Hacienda cuando se abonaron las facturas que se investigan, José Montelongo, como al entonces alcalde, Cándido Reguera. Incluso, llegó a plasmar "por escrito su negativa a efectuar pagos al margen del orden de prelación legalmente establecido", es decir, al orden legal en que deben afrontarse los pagos. Y "cuando ha tenido dudas", también "lo ha manifestado de forma expresa y reiterada", añade el juez.
El auto recuerda que inicialmente, el tesorero iba a ser citado como testigo en la causa, a petición de la Fiscalía. Incluso, se había cursado ya la citación. Sin embargo, tras recibirse un informe pericial, el juez señala que la defensa del actual alcalde, José Montelongo (imputado en la causa por su etapa como edil de Hacienda), realizó "recomendaciones" para que el tesorero declarara como imputado y no como testigo.
"No es dicho tesorero el que pudiera ser sospechoso"
La juez que entonces instruía la causa decidió en ese momento imputar al tesorero, en un auto que fue recurrido en su momento por el Ministerio Fiscal. Finalmente, el recurso fue rechazado y Cabrera Panasco prestó declaración hasta en dos ocasiones en calidad de imputado. "De dichas declaraciones, así como de la documental aportada en las mismas, se consolida la ausencia de indicios de infracción penal en su actuación", señala ahora el juez instructor.
Además, agrega que hasta tres tesoreros intervinieron en los pagos a Inelcon y Señalcon, que son los que se investigan en esta pieza. Sin embargo, no se imputó ni se pidió la imputación de ninguno más. "No es dicho tesorero, de los tres que actuaron con respecto a Inelcon y Señalcon, el que pudiera ser sospechoso de facilitar pagos irregulares a tales empresas", concluye el magistrado en su auto.
A diferencia de lo que ocurre en las tres piezas abiertas en el Ayuntamiento de Arrecife, en la de San Bartolomé sí está acusado el tesorero de ese municipio, Luis Manuel Rodríguez Pérez. El motivo es que en ese municipio, los pagos que se investigan están directamente relacionados con el área de Tesorería. Concretamente, el empresario José Vicente Montesinos cobró casi 400.000 euros por supuestos servicios de asesoramiento y colaboración con la recaudación de tributos municipales. Y en ese caso, Rodríguez Pérez era el técnico que debía comprobar si realmente los pagos correspondían a servicios prestados, cosa que la Fiscalía y el juez instructor consideran que no fue así.
Testigo en el juicio de Unión
El pasado mes de diciembre, Antonio Cabrera Panasco declaró como testigo en el juicio de una de las piezas de Unión, por los pagos a la empresa Proselan por servicios presuntamente no prestados. Durante la vista, el tesorero de Arrecife explicó que en aquel caso, como en muchos otros, a él solo le entregaron "la última hoja, la de la orden de pago, porque se quitaron todas las demás". Según explicó, hasta 2008 las órdenes de pago le llegaban "más completas". Sin embargo, en ese año no le remitían los expedientes, solo ese último documento que es el que le obliga a él a realizar el pago.
"Tesorería maneja los fondos y el control de la recaudación, pero Intervención es quien hace la fiscalización previa", declaró Cabrera Panasco, detallando que es labor del interventor tanto la fiscalización formal (relativa al presupuesto de ese gasto) como la material (confirmando que el servicio se ha realizado realmente). "Si la orden de pago está firmada, para el tesorero es de obligado cumplimiento", explicó.
Cabe recordar que en ese juicio se sentaba en el banquillo el interventor, Carlos Sáenz, que a su vez es el principal acusado en el caso Montecarlo, en el que está imputado en todas las piezas. "Yo creo que nuestro tesorero discute continuamente", afirmó Sáenz durante ese juicio, cuando el fiscal Ignacio Stampa le preguntó expresamente por el papel del tesorero del Ayuntamiento de Arrecife y si había "discutido" el abono de esas facturas a Proselan.
En cuanto a los pagos que se investigan en el caso Montecarlo, la Fiscalía subraya que en los casos en los que tuvo más datos, o en los que se veían afectados temas que sí eran de su competencia, Cabrera Panasco "manifestó" tanto al entonces concejal de Hacienda, José Montelongo, como al que era alcalde, Cándido Reguera, "su desacuerdo con las decisiones" que estaban adoptado. Y también hizo advertencias otra de las funcionarias que ejerció de tesorera en esta etapa, Carmen Villaverde.
