El grupo de gobierno del Cabildo ha vuelto a fracasar en su intento de aprobar de forma definitiva el reglamento del nuevo órgano ambiental con el que contará la institución. Durante el Pleno celebrado este viernes, todos los grupos de la oposición han coincidido en reclamar que se aprobara alguna de las alegaciones presentadas y que se modificara el sistema para designar a los miembros de ese órgano, estableciendo que fuera necesaria una mayoría cualificada del Pleno y que no bastara solo con los votos del grupo de gobierno.
Finalmente, ante la negativa de Coalición Canaria, del PP y del consejero Juan Manuel Sosa, la alegación ha sido rechazada. Sin embargo, lo que no han podido es proceder a la aprobación definitiva del reglamento, debido a la ausencia de su otro socio, el vicepresidente del Cabildo Manuel Cabrera, que no les ha permitido reunir la mayoría necesaria.
Este mismo punto ya había quedado sobre la mesa en la anterior sesión plenaria, en aquel caso porque Cabrera unió su voto al del resto de la oposición. Y al igual que en aquella sesión, el grupo de gobierno ha vuelto a acusar este viernes al resto de grupos de intentar paralizar la creación de este órgano, mientras que la oposición le ha repetido que lo que pretenden es garantizar un mayor consenso en la designación de los miembros de un órgano que será clave para el futuro territorial de la isla, ya que de él dependerá la evaluación ambiental de determinados proyectos.
"Trabajando para la mafia"
"Si realmente quieren consenso en la designación de los miembros de ese órgano, no deberían tener ningún problema en aprobar ese cambio", ha señalado el portavoz de Podemos, Carlos Meca, anunciando que su partido daría su voto a favor si se establecía que los miembros se tuvieran que aprobar por mayoría cualificada del Pleno, concretamente de 14 consejeros frente a los 12 que suponen la mayoría absoluta. Además, Meca ha subrayado que eso permitiría eliminar las dudas y las "sospechas" de que desde el grupo de gobierno pretenden seguir "trabajando para la mafia".
Aunque no es la primera vez que el portavoz de Podemos lanza este mensaje en el Pleno -refiriéndose en otras ocasiones a episodios como la creación de un museo submarino frente al puerto deportivo ilegal Marina Rubicón o al intento de aprobar una modificación del Plan Especial de La Geria, que podría haber abierto la puerta a intentar legalizar la bodega Stratvs-, sus palabras han despertado esta vez una mayor reacción en el grupo de gobierno.
La consejera del PP Saray Rodríguez ha amenazado incluso con abandonar la sesión si Meca no retiraba sus palabras y también el consejero de CC Echedey Eugenio ha exigido una rectificación, aunque finalmente la sesión ha continuado tras llevarse a cabo un receso por decisión del presidente.
Bergaz, a CC: "Ustedes no han querido consensuar nada"
Por su parte, el resto de grupos de la oposición han compartido los mismos temores sobre ese reglamento y sobre el mecanismo que establece para designar a los miembros del órgano ambiental. Incluso, desde el PSOE han reprochado al grupo de gobierno que haya estado "negociando" con posibles candidatos sin hablar siquiera con la oposición.
"Ustedes no han querido consensuar nada porque en tres meses no ha habido ni una sola reunión para valorar las propuestas del resto de los grupos políticos", ha cuestionado el socialista Marcos Bergaz, que ha anunciado el voto en contra de su partido "por la no búsqueda de acuerdo y por no haber tenido los gestos políticos necesarios durante estos tres meses y haber reconocido en esta casa que ustedes ya estaban negociando pero obviando a los grupos políticos de la oposición".
En el mismo mensaje ha coincidido el portavoz de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, y el portavoz de Somos Lanzarote, Tomás López, que ha respondido a las críticas tanto de Pedro San Ginés como de Echedey Eugenio. "Por mucho que usted diga que se trata de paralizar, la parálisis se solucionaría con que ustedes se sumasen a la posibilidad de que hubiese consenso más amplio", ha defendido, subrayando que los integrantes de ese órgano serán elegidos para los próximos cinco años y "no los va a poder remover la legitimidad democrática que se otorgue en las próximas elecciones".
