El Gobierno de Canarias negocia un convenio para regularizar las viviendas construidas dentro del plan parcial Playa Blanca, que está anulado por los tribunales con sentencia firme y que quedó extinguido tras la entrada en vigor de las Directrices de Ordenación del Turismo del Gobierno en el año 2001. El propio Gobierno de Canarias recurrió judicialmente el desarrollo del plan en el año 2003, mientras que el PIOL incluye el Plan dentro de los planes extinguidos en la Isla.
El redactor del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), José María Ezquiaga, informó sobre a negociación de este convenio durante la presentación a los medios de comunicación del nuevo PIOL, señalando que los techos de camas turísticas y residenciales turísticas del PIOL se aumentarían en función del resultado de ese convenio y de otro que se negocia con los promotores del plan parcial Montaña Roja. Los techos alojativos podrían aumentar en unas 8.000 camas más.
El plan parcial Playa Blanca preveía la construcción de 1.850 viviendas, que supondrían unas 4.500 plazas, de las que se llegaron a construir más de 400. Quedó extinguido en el año 2001 por las Directrices, pero el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, dio licencias para su urbanización y construcción. El Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique recurrieron esos permisos y lograron, en primer lugar, que se paralizaran cautelarmente algunas obras, y después que se anularan tanto las licencias como el propio plan parcial.
El Cabildo decidió recurrir porque era una pieza de suelo que carecía por completo de planeamiento y no tenía ningún tipo de ordenación. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo anuló en el año 2009 señalando que "anulado el proyecto de urbanización, la consecuencia será el restablecimiento en el plano jurídico y material de esa realidad alterada en cualquiera de sus formas", abriendo así la posibilidad de la demolición. Al año siguiente, el mismo tribunal confirmó que todas las licencias otorgadas en ese plan eran nulas.
Compradores
Algunos compradores optaron por actuar en los tribunales contra los promotores por la vía civil y por la vía penal. En varias sentencias, los Juzgados condenaron a los promotores, declarando nulos los contratos de compraventa y obligando a los promotores a devolver el dinero a quienes adquirieron las casas, señalando además que los promotores conocían la situación jurídica del plan parcial y aún así vendieron las casas, ocultando esa información a los compradores.
Dos de esos promotores del plan, los empresarios vascos José Ramón Olaberría y Ricardo Sánchez Armendáriz, afirmaron en el Juzgado que construyeron en el plan parcial Playa Blanca basándose en un informe jurídico del abogado Ignacio Díaz de Aguilar, que asesoraba a la Junta de compensación del plan parcial y que aseguraba "que todo era legal", y que incluso éste les asesoró sobre cómo ir pidiendo las licencias, empezando por ir solicitando sólo hasta un 25 ó 30 por ciento.
Estos dos promotores fueron acusados, a su vez, por un testigo, Facundo Perdomo, de haber entregado medio millón de euros al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para agilizar la concesión de licencias en dicho plan parcial. Perdomo llegó a decir que uno de ellos, Sánchez Armendáriz, "era un experto en pagos en el extranjero, cuentas en Suiza y paraísos fiscales". Los empresarios negaron estos hechos y la Fiscalía ahora ha solicitado el archivo de las diligencias contra estos empresarios y contra Díaz de Aguilar, imputado en el mismo caso porque Reyes también declaró que le había dado dinero para agilizar licencias.
Congreso
El abogado Díaz de Aguilar, relacionado desde el principio con este pan parcial y con otras licencias también anuladas por la Justicia en Playa Blanca, participó la pasada semana en el Cabildo de Lanzarote en una mesa redonda junto al redactor del PIOL, José María Ezquiaga, dentro de l IV Congreso de Derecho urbanístico canario.
El congreso estaba organizado por la asociación Acadur, presidida por Juan José Santana, que también es jefe del área de coordinación y planeamiento del Gobierno de Canarias, y fue clausurado por el consejero de política territorial Domingo Berriel.
S.G. / ACN Press
