El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles el Plan Hidrológico de segundo ciclo de Lanzarote, correspondiente al periodo 2015-2021, mientras continúa la redacción del de tercer ciclo (2021-2025). El Ejecutivo regional decidió asumir el año pasado la redacción de este documento tras la amenaza que pende sobre las Islas desde hace años por parte de la Comisión Europea, que advirtió con aplicar multas millonarias por no haber adaptado los planes hidrológicos a una directiva comunitaria aprobada en el año 2000, que exigía revisar esos planes a más tardar en 2015.
En el caso de Lanzarote, a mediados de 2014 se aprobó de forma inicial un nuevo Plan Hidrológico, pero no llegó a concluir su tramitación. Y en 2015, para evitar posibles sanciones, el Gobierno canario suspendió el Plan que estaba en vigor en la isla y lo sustituyó por un documento "transitorio". Entonces, el Cabildo tenía seis meses para aprobar un texto definitivo, pero no lo hizo.
Finalmente, en junio del año pasado, el Ejecutivo regional decidió asumir la elaboración y aprobación inicial de los planes hidrológicos insulares, que encargó mediante encomienda de gestión al grupo Tragsa, concretamente a la empresa Tragsatec. En ese momento, señalaron que el nuevo plazo fijado por la Unión Europea era septiembre de 2018.
En cuanto a las normas transitorias que entraron en vigor en 2015 en Lanzarote, cabe recordar que fueron anuladas hace unos meses por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al concluir que establecer un "monopolio" del agua en la isla supone una "flagrante violación" de la Constitución española y también de la Ley de Aguas de Canarias. El fallo, dictado el pasado 18 de mayo por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, estimaba así un recurso interpuesto por la entidad mercantil Daminvest S.L., propietaria de los hoteles VIK, que se oponía a la prohibición de instalar desaladoras privadas en la isla.
Junto al de Lanzarote, el Gobierno canario ha aprobado este miércoles también los Planes Hidrológicos de Fuerteventura y El Hierro, y señala que "contienen información de tipo medio ambiental, de la situación actual, tanto en calidad como en cantidad, de las aguas subterráneas, de superficie y costeras, así como necesidades de consumo tanto humanas como para los diferentes sectores económicos y objetivos ambientales para los próximos años". Sin embargo, en el caso de Lanzarote, precisamente se ha cuestionado la ausencia de estudios concretos sobre las aguas subterráneas y su posible uso, pese a los informes que puso sobre la mesa hace ya año y medio el grupo Podemos en el Cabildo, apuntando a la existencia de un acuífero de grandes dimensiones bajo Timanfaya.
