"El Gobierno no tiene competencia alguna en la conservación, mantenimiento y explotación de las desalinizadoras de Fuerteventura y Lanzarote ni en la planificación del abastecimiento a la población de Canarias". Ésta ha sido la respuesta de la Mesa del Congreso de los Diputados a una pregunta de Izquierda Unida sobre las alternativas para obtener agua potable en caso de que las perforaciones petrolíferas que Repsol está llevando a cabo cerca de las costas de estas dos islas causen un vertido de crudo.
La formación política preguntaba al Congreso "¿cómo se proporcionará agua dulce a la población de Fuerteventura en caso de que una marea negra paralizara sus desalinizadoras?" y añadía como segunda cuestión "¿qué planes se han previsto para el caso de una paralización de las desalinizadoras de Fuerteventura y Lanzarote?". Para IU Canarias, la respuesta del Gobierno supone que éste "ha reconocido implícitamente que carece de planes para garantizar el suministro de agua potable" a ambas islas, "en caso de que las prospecciones provoquen un gran derrame".
En la respuesta remitida a IU, el Ejecutivo se limita a hacer constar que "el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha suscrito Convenios de Colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de obras hidráulicas". Estos convenios incluyen las desalinizadoras de Fuerteventura y Lanzarote, de cuya "explotación, mantenimiento y conservación", dice el Gobierno en su réplica, "será responsable en Gobierno de Canarias".
Así pues, el Gobierno central no habla de posibles planes alternativos para el suministro de agua potable a Fuerteventura y Lanzarote, que se abastecen íntegramente de agua desalada, en caso de vertido. Izquierda Unida Canarias, por su parte, considera que "no se responde" a esta pregunta "simplemente porque no hay respuesta y no se ha previsto ninguna actuación en caso de que las desalinizadoras resulten dañadas o inutilizadas".
