La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Fiscalía inspeccionarán de forma conjunta los centros de atención a personas mayores y con discapacidad, después de que los titulares de ambos departamentos, Inés Rojas y Vicente Garrido, hayan suscrito hoy un convenio de colaboración en materia de protección a estas personas residentes en centros públicos y privados.
"A través de este convenio se establece un protocolo que velará no sólo por la atención a los usuarios de los centros y servicios para personas mayores y con discapacidad, sino que también por su seguridad jurídica", afirmó hoy la consejera quien destacó que el acuerdo "establece la cooperación administrativa relacionada con la autorización, registro, inspección y cierre de centros y servicios de atención a personas mayores y personas con discapacidad, tanto públicos como privados".
Rojas subrayó la importancia de este convenio, "en el que se viene trabajando desde la legislatura pasada", ya que mediante él, "se regula la cooperación administrativa para la realización, entre otros objetivos, de inspecciones conjuntas e intercambio de información entre la Fiscalía de Canarias y el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración".
Garrido destacó que el acuerdo "establece los cauces y mecanismos dirigidos a garantizar la eficacia en el control de la gestión de los centros, servicios e infraestructuras con el fin último de garantizar el bienestar de estas personas".
Una veintena de centros cerrados en cuatro años
Según indicó Rojas, entre los años 2006 y 2010, un total de 20 centros se han cerrado en Canarias, "la mayoría de ellos por no cumplir con la normativa vigente en cuanto a la ordenación, autorización, registro e inspección y régimen de sanciones de centros". Uno de esos cierres se produjo en Lanzarote, con la polémica residencia "Sol de Otoño", tras la emisión de un reportaje del programa "Diario De".
Durante la rueda de prensa, Garrido destacó que "la gran parte de las denuncias no llegan desde el ámbito de las familias, sino que son resultado de un trabajo rutinario y perfectamente establecido de los Servicios de Inspección, tanto del perteneciente a la Fiscalía como del que pertenece a la Viceconsejería de Políticas Sociales".
El Fiscal Superior reconoció que tras la orden de cierre de un centro, "lo difícil y más complicado es realojar a las personas residentes, algo en lo que a veces se cuenta con la oposición de sus familiares".
En cuanto a las Inspecciones efectuadas, Rojas indicó que, en los dos últimos años, el Servicio de Inspección dependiente de su departamento ha llevado a cabo un total de 68 inspecciones a centros.
ACN Press
