El proceso se llevaría a cabo garantizando unas condiciones técnicas mínimas de las instalaciones (superficie, ventilación suficiente, tratamiento de desechos?) a justificar en el momento de obtenerse la autorización ganadera excepcional o bien en los dos años siguientes a su obtención, de modo que la situación se regularice totalmente y la actividad se ejerza con las debidas garantías de seguridad e higiene, como dispone la legislación europea, estatal y autonómica.
Así lo indica al Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un comunicado, en el que señala que el sector ganadero canario atraviesa en la actualidad por un delicado momento de crisis propiciado, entre otras causas, por el incremento de costes como consecuencia de la subida del precio internacional de los cereales, básicos para la alimentación de los animales, y los combustibles.
En la nota explica que la norma, que será elaborada conjuntamente por las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, vendría a paliar la situación de quienes en los últimos años han hecho un importante esfuerzo para la modernización progresiva de sus instalaciones y métodos de producción, que han contribuido a fijar población en las zonas rurales canarias y que han ayudado a conservar el medio ambiente rural, con lo que ello conlleva para el desarrollo social, económico y cultural de las Islas.
La situación en que se encuentra el sector, con la adecuación necesaria y exigible a la normativa que ha ido emanando de la Unión Europea, la protección y el desarrollo sostenible del suelo y el medio ambiente, y los efectos que tendría parar el proceso modernizador, exigen urgentemente una respuesta de las Instituciones de Canarias, que resuelva la situación irregular en la que se encuentran determinadas explotaciones.
El Gobierno de Canarias pretende articular las actuaciones con incidencia en el territorio, cuyo fin sea garantizar el desarrollo sostenible de las Islas y, en suma, definir los criterios básicos de ordenación que deberán desarrollar otras Administraciones Públicas con competencias en la materia, Cabildos y Ayuntamientos.
Muchas instalaciones que hoy forman auténticas explotaciones ganaderas han surgido de forma más o menos espontánea, muchas veces como procesos de reconversión funcional a partir de actividades tradicionales, que hoy están en una indeseable situación de irregularidad. Por otra parte, el rápido proceso de crecimiento del sector ha chocado, en ocasiones, con las necesarias políticas de ordenación y protección del suelo y el medio ambiente.
Además, la implantación de una instalación de este tipo precisa en Canarias de un engorroso proceso, que parte de la tramitación y aprobación del proyecto de actuación territorial, de una calificación territorial y/o de una licencia urbanística que tendrá que compatibilizarse con otra de actividad clasificada, siempre y cuando no sea necesario someter la actividad a una evaluación de impacto ambiental de proyectos y/o una autorización ambiental integrada.
El objetivo es reconducir a la legalidad la situación de estas situaciones irregulares, siempre que se cumplan los requisitos que marca la ley. Todas las Administraciones con competencias en la materia deberán ser especialmente cuidadosas y mantenerse especialmente vigilantes para que el sector ganadero se desarrolle bajo estrictos parámetros de legalidad, seguridad jurídica y sanitaria y pleno respeto al territorio y el medio ambiente.
ACN Press
