TAMBIÉN RECLAMA CUATRO AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN PARA "TATO" RODRÍGUEZ

El fiscal pide 7 años de cárcel para Reyes y casi 4 para Gladys Acuña

En el escrito de acusación del caso Stratvs, la Fiscalía también reclama 4 años y medio de cárcel para el concejal de Urbanismo, "Tato" Rodríguez, así como prisión, inhabilitación y multas para otros ediles y funcionarios de tres administraciones...

24 de marzo de 2015 (12:35 CET)
El fiscal pide 7 años de cárcel para Reyes y casi 4 para Gladys Acuña
El fiscal pide 7 años de cárcel para Reyes y casi 4 para Gladys Acuña

La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, se enfrenta a una petición de 3 años y 10 meses de prisión dentro del caso Stratvs, en el que la Fiscalía acaba de elevar su escrito de acusación. En ese escrito, firmado por el fiscal Ignacio Stampa, se piden también 10 años de inhabilitación para Acuña, que está acusada de un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación medioambiental.

Los mismos delitos se le imputan al concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio "Tato" Rodríguez, para el que la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel y 21 años de inhabilitación. En su caso, el primer delito que se le imputa se remonta a su anterior etapa en el Consistorio, bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, cuando firmó una prórroga de la licencia Stratvs.

Precisamente Reyes es el político para el que se pide una mayor pena en esta causa. La Fiscalía reclama para él 7 años de prisión y 44 años de inhabilitación. El ex alcalde concedió la primera licencia de obras a Stratvs, pese a que había informes negativos del propio secretario del Ayuntamiento. Siete años después, Reyes concedió también una prórroga de esa licencia, cuando las obras en realidad se habían iniciado dos años antes con un permiso que había caducado, y cuando ya se podía constatar que lo que se estaba ejecutando en nada se parecía a lo que se había autorizado.

Después, "Tato" Rodríguez, como alcalde accidental, modificó ese decreto de prórroga firmado por Reyes e incluyó la palabra "bodega", que hasta ese momento no aparecía en el permiso, ya que se hablaba de "almacén". Además, tanto al concejal de Urbanismo como a Gladys Acuña, el fiscal les acusa de no haber actuado después, pese a conocer las "graves" irregularidades urbanísticas y medioambientales de Stratvs, incluyendo la existencia de vertidos contaminantes de los que habían advertido varios informes técnicos.

 

Solicitud de cárcel para otros tres ediles


En el caso de la actual alcaldesa, (actualmente compañera de partido de José Antonio Rodríguez, con el que acaba de fundar "Unidos por Yaiza"), el otro delito de prevaricación que se le imputa está relacionado con la concesión la licencia de actividades clasificadas a Stratvs, que permitió su apertura pese a que lo construido ni siquiera se ajustaba a lo que se había autorizado.

Para los otros tres políticos que participaron en la Junta de Gobierno en la que se concedió a Stratvs esa licencia de actividades clasificadas, el fiscal también solicita penas de cárcel. En el caso del entonces teniente de alcalde y concejal de Urbanismo por CC, Leonardo Rodríguez, la Fiscalía pide 1 año y 10 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación. Para los ediles Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío, ambos militantes entonces del PIL, el fiscal solicita 1 año y medio de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación.

 

Prisión para tres técnicos de Yaiza


En cuanto a los técnicos de las distintas administraciones, la mayoría se enfrentan a penas de multa e inhabilitación, pero no todos. Para el aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, el fiscal sí pide 5 años de cárcel y 24 años de inhabilitación, dado que en dos ocasiones informó favorablemente a la concesión de licencias a Stratvs.

La Fiscalía solicita también dos años de cárcel para el encargado del Catastro de Yaiza, Blas Noda, así como una multa de 3.600 euros, en su caso por un presunto delito de falsedad de documento público.

En cuanto al entonces secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, el fiscal pide un año y medio de cárcel e inhabilitación de 18 años. Aunque el secretario informó en contra de la licencia de obras de Stratvs, después informó favorablemente a la concesión de la licencia de actividad clasificada que permitió su apertura.

 

Multa e inhabilitación para el resto


Para los otros cinco técnicos imputados (dos del Gobierno de Canarias, dos del Cabildo y uno más del Ayuntamiento de Yaiza), la Fiscalía reclama multas e inhabilitación. En el caso de Faustino García Márquez, que era el jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias y emitió un informe favorable a la construcción de la bodega, pese a que él mismo había informado en contra unos meses antes, el fiscal reclama una multa de 27.000 euros e inhabilitación de 12 años.

La misma pena de multa e inhabilitación pide para Armando Villavicencio Delgado, que era el secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) cuando dio luz verde a la construcción de Stratvs, obviando "las omisiones documentales del expediente" y sin tener en cuenta "manifiesta confrontación" con los preceptos legales.

En cuanto a los trabajadores del Cabildo, el fiscal pide una multa de 32.400 euros y 15 años de inhabilitación para el gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, que autorizó el sistema de vertidos de Stratvs pese a que había informes que advertían de que eran contaminantes.

Respecto a Manuel Jesús Spínola Perdomo, que como ingeniero responsable de Actividades Clasificadas del Cabildo, informó favorablemente a otorgar la licencia de actividad a Stratvs, el fiscal le pide una multa de 18.000 euros y 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística.

Por último, pide una multa de 18.000 euros y 18 años de inhabilitación para el técnico de Yaiza Andrés Morales González, que informó en dos ocasiones dentro del expediente para conceder a Stratvs la licencia de actividades clasificadas. Morales deberá responder por un presunto delito de prevaricación urbanística y otro delito de prevaricación.

 

Pide el sobreseimiento para uno de los imputados


De las 17 personas físicas señaladas por la juez Silvia Muñoz en el auto que dio por terminada la instrucción de la causa, la Fiscalía formula acusación contra 16. Sobre la otra, Juan César Muñoz Sosa, que concedió un permiso a Stratvs como director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, la Fiscalía pide el "sobreseimiento provisional parcial" de las actuaciones.

El fiscal considera que no hay "elementos suficientes para sostener la acusación contra él", al existir "dudas razonables" sobre si era consciente o no de la ilegalidad del permiso que otorgó. Aunque Muñoz Sosa obvió informes negativos, la Fiscalía considera que también contaba con dictámenes positivos de los técnicos del Gobierno de Canarias contra los que sí formula acusación.

Ahora, dependerá de las acusaciones particulares (representadas por Transparencia Urbanística y por la familia Negrín) que , Juan Cesar Muñoz Sosa vaya o no a juicio, en función de si le incluyen como acusado en sus escritos de calificación.

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