La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una resolución el pasado 7 de junio de 2007 en el recurso 746/2001 mediante la que declara "concluso y visto para sentencia" el pleito que interpuso la empresa propietaria de "Hiperdino Valterra" contra el acuerdo del Ayuntamiento de Arrecife que en el año 2000 le denegó la licencia de obras para construir en las parcelas donde se encuentra actualmente dicho hipermercado y la colindante (antigua factoría de la empresa pesquera "Ojeda") un gran Centro Comercial de 20.000 metros cuadrados de superficie y un total de 70 locales comerciales.
Después de seis años de largo proceso judicial, en el que se han practicado multitud de pruebas periciales, documentales, testificales y de otra índole, el Alto Tribunal ha declarado finalizado el pleito después de oír las conclusiones que formularon las partes demandadas, que son el Ayuntamiento de Arrecife (que ha hecho una defensa limitada a la simple ratificación de lo acordado) y el Círculo de Empresarios de Lanzarote, que, según ha podido saber La Voz, ha sido la parte que ha llevado todo el peso de la defensa de la actuación municipal y ha sido la que con mayor amplitud ha refutado todos los argumentos expuestos por la empresa recurrente y la que también propuso la práctica totalidad de la prueba para corroborar la legalidad de la actuación municipal recurrida.
En este proceso, la empresa propietaria del "Hiperdino Valterra" no solo pide al Tribunal que anule el acuerdo del Ayuntamiento de Arrecife que le denegó el permiso para construir, sino que también solicita a la Sala que se condene a esa Corporación al pago de más de 36 millones de euros (6.000 millones de las antiguas pesetas) por los daños derivados de la imposibilidad de edificar, las pérdidas por no poder alquilar los locales del centro comercial, las pérdidas por ventas de la ampliación del supermercado y otros extremos.
Al margen de este proceso judicial, la empresa propietaria de Hiperdino también interpuso otro recurso contra la denegación de la licencia de apertura que se sigue ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Las Palmas con el número 202/2001 y que también está "visto para sentencia".
Antecedentes
En el año 1997, rodeado de una fuerte polémica, el Ayuntamiento de Arrecife autorizó la puesta en funcionamiento de un supermercado con 1.755 m2 de superficie de venta en el polígono industrial de Valterra a la empresa "Teguise Alimentación S.L." bajo la marca "Spar".
Poco después de la puesta en funcionamiento del supermercado ?que abrió al público en diciembre de 1.997- la empresa titular del mismo lo vendió a "Pío Coronado S.A.", la cual obtuvo el 26 de noviembre de 1999 del Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias una "licencia comercial específica" (autorización necesaria para la instalación y ampliación de grandes superficies comerciales) que autorizó la ampliación de la superficie de venta del supermercado hasta 6.500 metros cuadrados.
En los meses de enero y febrero de 2000, la empresa Pío Coronado S.A. solicitó licencia de obras y de apertura para la construcción de un gran Centro Comercial situado sobre la parcela ocupada por el supermercado y la colindante, dentro del cual se emplazaría el nuevo supermercado ampliado y otros 70 locales comerciales.
Dichas licencias fueron denegadas por el Ayuntamiento en septiembre de 2.000, tanto por la inobservancia de los requisitos establecidos en el Plan Insular para la instalación de grandes superficies comerciales como, fundamentalmente, por la incompatibilidad del proyecto con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, al no permitir la ordenanza reguladora de la zona industrial de Valterra la instalación de un Centro Comercial en dicho suelo.
Esos actos municipales fueron recurridos por la empresa ante el propio Ayuntamiento, cuyo Pleno los desestimó el 8 de mayo de 2.001, poniendo a continuación un pleito ante los tribunales de justicia en el que denuncian la supuesta ilegalidad de la denegación de las licencias y piden que se les permita construir el centro comercial (que sería el más grande de la isla) y se les indemnice por la demora sufrida.
