El presidente accidental, Manuel Fajardo, dictó ayer el decreto por el que se deniegan los permisos de apertura y funcionamiento al polémico hotel de 12 plantas construido junto a las playas de Papagayo

El Cabildo inicia los trámites para el cierre del hotel Papagayo Arena en Playa Blanca

La resolución de la institución rechaza la solicitud de apertura formulada por el interesado y comunica a la Inspección Turística el resultado de la misma para que proceda a ejecutarla con todas sus consecuencias La licencia de obras que concedió el alcalde de Yaiza en 1998 también ha sido recurrida por el Cabildo y se encuentra actualmente pendiente de sentencia

El Cabildo inicia los trámites para el cierre del hotel Papagayo Arena en Playa Blanca
El Cabildo inicia los trámites para el cierre del hotel Papagayo Arena en Playa Blanca

El Hotel Papagayo Arena es un establecimiento que cuenta con unos 230 puestos de trabajo y está situado en primera línea de la playa de las Coloradas, entre el pueblo pesquero de Playa Blanca y las playas vírgenes de Papagayo, justo al límite del Monumento Natural de los Ajaches.

Según ha sabido lavozdelanzarote.com, fue el año pasado cuando, una vez construido y abierto al público, los responsables del establecimiento solicitaron al Cabildo la licencia de apertura definitiva. La Primera Corporación lanzaroteña ya tenía recurrida dicha construcción desde el año 2000. Entre otras cosas, el Plan Parcial de Las Coloradas únicamente permitía la construcción de establecimientos con un máximo de tres plantas.

Ahora, tras revisar su expediente -rescatado de Las Palmas de Gran Canaria puesto que Turismo transfirió las competencias al Cabildo pero no los documentos-, el presidente accidental del Cabildo insular de Lanzarote, Manuel Fajardo, emitió ayer un decreto por el que se deniegan los permisos de apertura y funcionamiento al polémico hotel de 12 plantas construido junto a las playas de Papagayo.

Las dos razones básicas en que se sostiene la resolución número 2.884/ 2005 se basan, por un lado, en el incumplimiento del PIOT y, por otro, en la modificación sustancial del proyecto inicial para el que se autorizó en un principio la construcción.

Todo el proceso comenzó cuando el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en el año 98 la licencia de obra para ejecutar este hotel, el más grande de los autorizados en la Isla. El Cabildo, que había iniciado en 1997 la revisión del Plan Insular, recurrió inmediatamente la decisión municipal.

Ya en 1999, y siendo consejero de Turismo del Ejecutivo autónomo el lanzaroteño Juan Carlos Becerra Robayna -hoy en la misma facción política que Reyes, el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)- el Gobierno de Canarias otorgó la autorización turística previa a ese proyecto de hotel. Ha sido en 2004 cuando el Cabildo, dado que tiene las competencias turísticas desde 2000 salvo en materia de inspección y sanción, ha rechazado la autorización de apertura y puesta en funcionamiento y ha recurrido dichos permisos turísticos provisionales del proyecto.

Y es que si bien la licencia provisional fue concedida por el Gobierno regional, entonces con potestad en dichas funciones, la solicitud de apertura por parte del interesado fue formulada a finales de 2003, cuando estas competencias ya habían sido transferidas del Ejecutivo autónomo a los cabildos insulares, por lo que hubo de remitir la solicitud a la Primera Corporación lanzaroteña.

El Cabildo tiene la potestad de denegar los permisos de apertura y funcionamiento turístico de un establecimiento incluso si éste cumple con las determinaciones turísticas legales. Pero es que en este caso concreto, desde el Cabildo se han detectado dos graves y supuestas irregularidades: por un lado, el proyecto presentado a la Consejería del Gobierno canario por el promotor para obtener la autorización turística ha sido modificado posteriormente en la práctica, y lo que ha sido ejecutado no se corresponde con el proyecto autorizado por el Gobierno autónomo -en cualquier caso, los promotores del Hotel Papagayo Arena tenían que haber presentado un proyecto de reforma antes de introducir tales modificaciones sustanciales en la idea inicial, extremo que no se llevó a efecto-; por otro lado, cuando el ex consejero de Turismo, Juan Carlos Becerra, concedió la autorización turística provisional al mencionado hotel -al parecer era costumbre en todos los permisos- agregó al final de la licencia de apertura que había que tener en cuenta que no se había revisado la implicación del Plan Insular, con lo que la autorización definitiva quedaba en manos del Cabildo, una vez que éste ya había adquirido las competencias turísticas trasferidas desde el Gobierno.

Es decir, en el caso del Hotel Papagayo Arena, no sólo se modificó el proyecto inicial sin permiso, sino que además, ni el primer proyecto ni el resultante y finalmente materializado cumplen con el PIOT. Por ello, el Cabildo deja claro que no concede las licencias de apertura y funcionamiento, subrayando que el retraso con que se ha pronunciado nunca ha sido sinónimo de un sí silencioso.

Consecuencias del decreto

Como consecuencia de la resolución decretada, el hotel Papagayo Arena es en la actualidad un establecimiento alojativo que está abierto al público, no ya sin autorización del Cabildo sino con autorización denegada, lo que agrava incluso la situación. A partir de aquí, es bastante probable que la Inspección Turística de la Comunidad Autónoma tenga que obrar en consecuencia y proceder al cierre del establecimiento, al carecer el hotel de la autorización que le ha sido denegada con el acto por parte de los representantes del Cabildo. Desde este miércoles, por tanto, el Hotel Papagayo Arena es un establecimiento abierto ilegalmente, y al que no le valen ya los permisos provisionales.

Reclamación de competencias

Este caso suscita nuevamente la polémica por la famosa reclamación de competencias en materia turística. Y es que resulta de lo más paradójico e incongruente que el Cabildo, institución que decide sobre la concesión de los permisos, no pueda posteriormente ejecutar sus decisiones, sino que la materialización y consecuencia de esas decisiones tengan todavía que ser llevadas a efecto por otra Administración, en este caso, el Gobierno de Canarias, al carecer los cabildos de las potestades de inspección y sanción turísticas, todavía no transferidas, cuestión por cierto puesta de manifiesto en el renombrado informe elaborado al respecto por el jurista lanzaroteño Agustín Domingo Acosta Hernández, a quien la Primera Corporación insular solicitó que realizara un análisis detallado de todos estos supuestos.

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