Asegura que la Justicia ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta por el grupo socialista del Cabildo "como admite otras porque ahora está de moda poner querellas" y mantiene que hay una persecución contra Yaiza, mientras que, según él, "el Cabildo hace acuerdos con empresarios promotores en Costa Teguise". "No he cometido ningún delito", declaraba José Francisco Reyes nada más abandonar el despacho del juez. Y para avalar sus palabras remitía a los informes técnicos y jurídicos que, según el alcalde de Yaiza, muestran que la parcela de casi un millón de metros cuadrados donde pensaba ubicar a unos 4.000 nuevos vecinos "es un terreno con todos los servicios y consolidado".
Pero lo cierto es que la Justicia ya ha empezado a pronunciarse en sentido contrario. Por un lado el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Arrecife se ha hecho cargo del caso después de que admitiera la querella interpuesta por los socialistas y firmada por el consejero Carlos Espino, y por otra parte la Audiencia Provincial de las Palmas ha decretado la suspensión cautelar de la licencia, de forma que queda bloqueada toda posibilidad de iniciar las obras en la parcela Cortijo de Costa Roja, hasta que culmine el procedimiento judicial iniciado por el Cabildo, que considera la licencia urbanística ilegal.
Ésta no es la única causa que tiene abierta el alcalde. De hecho, también está acusado de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por la concesión masiva de licencias, dentro de una investigación abierta, que incluyó escuchas telefónicas, a raíz de una denuncia presentada por el ex consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino. "Es la segunda querella y de los mismos inventores", manifestaba Reyes a este medio poco antes de entrar a declarar.
Tranquilo antes de verse ante el juez
A las 10:24 minutos, José Francisco Reyes ha cruzado la puerta del despacho del juez Nicolás Pita para prestar, una vez más, declaración ante la Justicia por la concesión de licencias en el municipio de Yaiza. En esta ocasión, el alcalde sureño está imputado por un presunto delito de prevaricación al conceder la licencia de las 1.000 viviendas, que el pasado mes de febrero fue hecha pública por La Voz de Lanzarote.
Reyes insiste en que "el mejor vecino le puede poner a uno una querella", y aseguraba sentirse "perfectamente" antes de entrar a prestar declaración junto a su abogado, Felipe Fernández Camero. Una declaración en la que, durante una hora, ha tenido que dar cuenta de por qué concedió una licencia para construir el complejo residencial Costa Roja, el mayor proyecto urbanístico de la isla por el que se ubicarían 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y más de 2.500 plazas de garaje al norte de Playa Blanca, en un suelo no urbano, obviando el Plan Insular de Ordenación (PIOT) de 1991 y ocultándoselo al Cabildo, pese a que está obligado a notificarle los permisos urbanísticos que concede el Ayuntamiento.
Mientras tanto, en los pasillos de los Juzgados esperaba también su turno para declarar como imputado por este caso el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, que estaba citado a las 11:30 de la mañana y llegó a las dependencias judiciales sobre las 10:20. Su declaración se ha prolongado durante una hora, mientras José Francisco Reyes esperaba su salida en una cafetería cercana. A finales de esta semana será el turno del tercer acusado en esta causa, el jefe de la Oficina Técnica municipal Antonio Lorenzo Tejera.
