El alcalde advierte sobre "lo preocupados" que están algunos miembros de la lista del Partido Popular en Tías porque "tendrán que ir a los juzgados", segúnel alcalde "para explicar lo mucho que saben sobre la tramitación de expedientes de dominio". Un tema que José Juan Cruz se ha negado a explicar con claridad, concluyendo que "el Ayuntamiento tiene esos expedientes y vamos a ofrecer asesoramiento a los afectados. Yo lo dejo ahí".
El candidato del PP de Tías, José Francisco Hernández García ya ha solicitado la "inmediata dimisión" de José Alberto Reyes de León como Secretario de Organización del PSOE en Tías, su actual cargo, por suponer "un auténtico desprestigio, insulto y afrenta a las personas que participan, o aspiran a participar, en la gestión de los asuntos de la vida pública".
Al parecer y según las investigaciones del Fiscal, Reyes de León envío en el verano de 2001, cuando todavía ejercía como edil del Consistorio, un documento oficial a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias en el que aseguraba que el Ayuntamiento ya había sancionado a la empresa INDELASA por unas obras realizadas en el término municipal de Tías sin la necesaria licencia urbanística y en suelo rústico. El Fiscal afirma que Reyes de Leóncon "esta maniobra de engaño"pretendía que la APMUN no actuara contra la empresa que había cometido la infracción.
Los hechos
La historia se remonta a octubre de 2000 cuando la APMUN abrió un expediente administrativo por presunta infracción urbanística contra la empresa "Industriales de la Construcción de Lanzarote, SA" por haber instalado un depósito de áridos en la zona conocida como Lomo de Piedra Blanca o La Rinconada sin licencia urbanística municipal y en un suelo calificado como Rústico Potencialmente Productivo.
La APMUN determina como medidas sancionadoras la suspensión de las obras y su precintado, además de requerir a los titulares de la empresa a que legalicen las obras en el plazo de tres meses solicitando la correspondiente calificación territorial previa y necesaria a la obtención de la licencia urbanística que les permitiera llevar a cabo las obras. La Agencia de Protección además instaba al Ayuntamiento de Tías para que incoara su correspondiente expediente sancionador contra la empresa.
Así unos días después el consistorio de Tías acuerda mediante un decreto iniciar el expediente administrativo sancionador a Indelasa y propone entre las sanciones que debían incluirse, "la reposición de la realidad física alterada" por las obras, es decir, que volvieran a dejar todo como lo habían encontrado antes de comenzar la instalación del depósito de áridos.
Casi un año después, en julio de 2001 la instructora de la APMUN encargada del caso requiere al Ayuntamiento de Tías información sobre si se había procedido a la demolición del depósito de áridos y había sido repuesta "la realidad física alterada". Es entonces, el 25 de agosto concretamente, cuando el concejal de Urbanismo en aquellos momentos, José Alberto Reyes de León envía un "oficio municipal" a la Agencia de Protección en el que asegura que el procedimiento sancionador del Ayuntamiento ya "había finalizado con el abono de la correspondiente sanción" y que "las obras objeto de la investigación habían sido legalizadas" en dos expedientes concretos.
Maniobra de engaño según el Fiscal
El Fiscal entiende que con este documento José Alberto Reyes de León "faltaba notoriamente a la verdad" y lo explica asegurando que las obras no habían sido legalizadas ni hubieran podido serlo porque se asentaban en suelo rústico. Además los expedientes en los que se habían supuestamente legalizado las obras y a los que Reyes de León aludía en el oficio municipal, se trataba de la solicitud para legalizar un cerramiento de finca y una plantación de palmeras que "nada tenían que ver con las obras consistentes en el depósito de áridos".
El Fiscal entiende que hay "manipulación subrepticia efectuada por el acusado"y cree que "con esta maniobra de engaño" José Alberto Reyes de León pretendía hacer ver a la APMUN que el Ayuntamiento había sancionado ya a la empresa, "impidiendo la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado".
Por su parte José Juan Cruz defiende que el Ayuntamiento pidió autorización a la consejería de Política Territorial para "dos licencias en suelo rústico". Una para el cerramiento de parcela y una plantación de palmeras y otra para "un decantador de aguas".
La primera de las licencias "la concedimos porque la respuesta de Política Territorial fue favorable". La segunda "la denegamos y a través de Disciplina Urbanística impusimos la correspondiente sanción". José Juan Cruz además quita importancia al asunto recordando que "no estamos hablando de una edificación "y manifiesta que, el hasta 2003 concejal de Urbanismo y acusado por el Fiscal, José Alberto Reyes de León sigue siendo de su total confianza.
