"La opinión pública de Lanzarote, de Canarias y de gran parte de España, dado el enorme despliegue de medios de comunicación realizado, estará deseosa de saber si en el exhaustivo registro llevado a cabo en mi domicilio se encontró, acaso, dinero, armas de fuego, drogas, obras de arte, cuentas ocultas en paraísos fiscales, o a la vista en cualquier banco nacional o extranjero, y en qué cantidades, o aumento de mi patrimonio no justificado. Rotundamente he de decir que nada de lo expresado se encontró". Con esa mezcla de ironía y provocación se expresaba Dimas Martín en una de las primeras cartas que escribió desde prisión poco después de estallar la primera fase del caso "Unión", en la que intentaba desacreditar la operación y hasta cargaba contra los agentes de la UCO, acusándoles incluso de alterar actas.
Casi un año después de aquello, la UCO ha vuelto y lo ha hecho poniendo documentos sobre la mesa. Ahora sí, han dado un golpe demoledor a la esencia del líder del PIL, recabando pruebas que demostrarían que Dimas Martín se habría convertido en millonario en las últimas décadas, de la mano de actividades presuntamente delictivas perpetradas desde las instituciones. Y no sólo cuando ocupaba cargos públicos, sino también después, incluso estando en prisión, a través de otros alcaldes, concejales y consejeros del PIL.
Por eso, la nueva fase de la Operación "Unión", bautizada como "Operación Jable", supondría un paso definitivo en las acusaciones que pesan contra Dimas Martín, que entre otros delitos ya estaba imputado en esta causa por cohecho (sobornos) y asociación ilícita (integrar una estructura organizada para delinquir). Ahora, los agentes de la UCO habrían conseguido localizar la fortuna presuntamente amasada por Dimas Martín durante estos años, que ascendería a al menos a 8,5 millones de euros (1.400 millones de las antiguas pesetas) y que habría sido ocultada a la Justicia a través de un entramado de sociedades.
Los testaferros
Para esconder esa supuesta fortuna, tanto por su presunto origen ilícito como para evitar un embargo judicial, ya que Dimas Martín se declaró insolvente para pagar los 2,4 millones de euros que debía devolver por los fondos malversados en el Complejo Agroindustrial, el líder histórico del PIL habría contado al menos con seis colaboradores, y todos ellos fueron detenidos la pasada semana en esta nueva fase del caso "Unión".
Uno de ellos es su propia hija, Susana Martín. Los otros, han estado muy vinculados personal o políticamente a Dimas desde hace años. Se trata del actual conserje del Ayuntamiento de Teguise, Carlos Matías Curbelo Delgado; el empresario José Ramón Vizcaíno; y el también empresario y corredor de rallys Samuel Lemes. A ellos se sumarían otras dos personas que residen en Andalucía. El propietario del grupo Hoteles Playa, José María Rossell, con intereses en Costa Teguise y estrechamente vinculado al PIL y a los medios de comunicación que este partido tuvo en su momento, y un ex directivo de esa misma empresa, José Gonzalo Gil.
Todos ellos figurarían al frente de sociedades, como apoderados o administradores, dedicadas presuntamente a ocultar el patrimonio de Dimas Martín, que ha sido rastreado durante meses por los agentes de la UCO. Además de medio centenar de propiedades, entre fincas y bienes inmuebles, esas sociedades también habrían tenido en su momento medios de comunicación del PIL, como la revista El Maho o Televolcán, cuando estaba controlada por el Partido de Independientes de Lanzarote.
Propiedades inmovilizadas
En los últimos meses, los agentes de la UCO han acudido a distintas oficinas del Registro de la Propiedad, en busca de los bienes de las sociedades de los presuntos testaferros de Dimas. Ahora, todas las propiedades han sido intervenidas judicialmente y no se puede realizar ningún tipo de operación con ellas por orden del magistrado César Romero Pamparacuatro, mientras continúa la investigación.
Además de considerar que existen presuntos delitos de blanqueo de capitales y de insolvencia punible (por este último también está imputado el empresario Juan Francisco Rosa), la UCO y el Juzgado de Instrucción Número 5 investigan también otros supuestos hechos delictivos que podrían haber ligado a estas seis personas con Dimas Martín.
Sobre uno de los detenidos, el funcionario de Teguise Carlos Matías Curbelo, ya pesa también una imputación por cohecho. Sobre el resto, se intenta determinar por qué hicieron este supuesto "favor" al líder histórico del PIL y si, además de participar en estos presuntos delitos para ocultar su patrimonio, habrían también recibido algún otro tipo de beneficio desde las instituciones, a través de algunos cargos públicos del PIL también imputados en la causa.
