Costas rechaza el polémico proyecto de crear una playa artificial frente al nuevo hotel autorizado en Costa Teguise

Subraya que pretendía emplazarse en un espacio protegido y solo "para dar valor al hotel que la empresa solicitante tiene previsto construir". Además, señala que la cantidad de alegaciones que recibió "muestra un fuerte rechazo de la sociedad de Lanzarote"

24 de octubre de 2019 (17:38 CET)
Zona donde se proyectaba crear una playa artificial frente al nuevo hotel autorizado en Costa Teguise
Zona donde se proyectaba crear una playa artificial frente al nuevo hotel autorizado en Costa Teguise

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha rechazado el proyecto de construir una playa artificial en Costa Teguise, que pretendía situarse junto al nuevo hotel que va a construirse en la localidad. La autorización para crear esta playa fue solicitada por la misma empresa promotora del hotel, Tourin Europeo SA, en marzo de 2017, y la respuesta de Costas llegó en diciembre de 2018, aunque el contenido del informe no había trascendido hasta ahora.

En su resolución, este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica informa "desfavorablemente" al proyecto, señalando entre otras cosas que la mayor parte de la actuación pretendía llevarse a cabo "dentro del espacio protegido de la Red Natura 2000" como Lugar de Interés Comunitario.

"La oferta de playas es suficiente", señala el informe, recordando tanto los arenales que ya existen en Costa Teguise como en el resto de la isla, que se encuentran "a menos de 30 minutos de coche" y que "satisfacen con creces las necesidades y requisitos de la población local y turística". Así, considera que no está justificada esta intervención, proyectada "para dar valor al hotel que la empresa solicitante tiene previsto construir". 

Además, cuestiona también que el proyecto pretendiera extraer la arena para esta nueva playa de una localidad perteneciente al Sahara Occidental, pese a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dictó una sentencia en 2016 declarando que este territorio no pertenece a Marruecos y por tanto no es posible cerrar ningún acuerdo comercial con ese país cuando afecte a esta zona ocupada.

 

Una cascada de alegaciones


La resolución respalda así las alegaciones presentadas durante la fase de exposición pública del proyecto, entre las que se encontraban las de la Fundación César Manrique, la Asociación Nacional Arca Ibérica, las Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la Delegación del Frente Polisario y las de otras personas a título individual. Al respecto, Costas subraya que esto "muestra un fuerte rechazo de la sociedad de Lanzarote ante la creación de nuevas playas en Costa Teguise".

En cuanto a las alegaciones de la FCM, el informe reproduce parte de su contenido. Entre otras cosas, la Fundación defendió que no concurría "interés público" en este proyecto y señaló que las Directrices sobre actuaciones en las playas "podrían justificar actuaciones de mejora o regeneración de las playas existentes", pero "no la creación de una nueva playa a mera conveniencia del promotor".

Además, añadían que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa no se ajustaba a la legislación, "al no incluir el proyecto básico la determinación del a posible afección a espacios de la Red Natura 2000". A esto sumaba también, al igual que las asociaciones saharauis que presentaron alegaciones, el cuestionamiento a la procedencia de la arena que pretendían emplear.

 

Informe negativo del Gobierno canario y positivo del Cabildo


Por su parte, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias también emitió un informe desfavorable, señalando que la playa se proponía sobre un Lugar de Importancia Comunitaria, "entre otros valores, por albergar una especie prioritaria". Así, concluía que "no puede ser autorizable porque no cumple con las razones para ser exceptuado".

Frente a eso, el Cabildo presidido entonces por Pedro San Ginés sí emitió un informe favorable, señalando "la legalidad de las obras". Unas obras a las que se había opuesto el propio Ejecutivo regional y después Costas, con este informe que tiene casi un año pero que no habían dado a conocer desde la institución insular.

En sus conclusiones, esa resolución hace también referencia a las previsiones de cómo va a evolucionar esa zona de la mano de los efectos del cambio climático y al efecto que tendría la construcción de esa playa artificial. "El desarrollo de los acontecimientos según los modelos calculados y la sustitución de la rasa de piedra que supone una defensa natural de la costa por una infraestructura que rigidizará la zona intermareal supondrán un aumento del riesgo en el borde litoral de la zona. Es previsible que el coste del mantenimiento de dicha infraestructura aumente, pudiendo ser necesario un aporte continuo de arena, con el constante impacto ambiental negativo asociado sobre el ecosistema. Además, con la construcción de la nueva playa se creará una necesidad de conservación de unos elementos cuyo objetivo principal es el aumento de la valoración de un hotel, sin atender a la demanda de uso público de una costa variada, limitando la oferta a playas artificiales de arena blanca", concluye.

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