Aunque aún no se puede hablar de una fecha concreta, los trámites para la demolición del hotel Papagayo Arena siguen su curso. Así lo ha confirmado este viernes el director general de Costas, José Fernández, que en su nueva visita a Lanzarote ha adelantado además que la institución que dirige "estudiará iniciar acciones similares" con el Hotel Gran Castillo, situado junto al Papagayo Arena, y cuya licencia también ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia recientemente. Ha declarado que Costas ha conocido la situación jurídica del Gran Castillo a través del Cabildo de Lanzarote.
José Fernández ha reconocido que el Ministerio de Medio Ambiente solamente interviene "excepcionalmente en la recuperación del territorio" sobre edificaciones tan voluminosas "y ésta, es una de ellas porque nos parece que merece la pena", refiriéndose al Hotel Papagayo Arena. Aclarando así que no van a intervenir en todos los hoteles afectados por el deslinde marítimo terrestre que ha aumentado de los 20 metros de servidumbre pública a los 100 metros. "No es obsesión por demoler hoteles" sino recuperar, como en el caso del Papagayo Arena "una playa que tenía valores muy interesantes" para que "mucha gente disfrute del mar y de la playa como lo que son y para lo que son".
El director general de Costas además ha confirmado que el precio que tendrá que pagar el Estado a los titulares del hotel por la expropiación será menor ahora que el TSJC ha invalidado la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza que permitió su construcción. Según ha puntualizado Fernández, "evidentemente las edificaciones ilegales son mucho más baratas que las legales", si bien todavía no hay cifras concretas porque Costas está tramitando la tasación.
José Fernández no ha dado plazos para la demolición porque es un proceso "complejo" que lleva una serie de trámites administrativos, aunque sí ha señalado que si hay acuerdo económico con los titulares "se podrá tirar mucho más rápido". De lo contrario será un juzgado de expropiación quien determine el justiprecio para materializar la expropiación y el derribo.
