La alcaldesa de San Bartolomé y secretaria general del PSOE lanzaroteño, Dolores Corujo, se ha desplazado en la mañana de este lunes a la zona de Las Cuevas de San Bartolomé, donde se ha procedido a demoler tres viviendas edificadas en la zona protegida por el Plan Especial de la Geria. Corujo, que ha explicado cómo se ha llegado a esta situación, ha afirmado que considera "inconcebible" que la ley se aplique "para algunos y para otros no, en función de los medios con los que cuentan".
Las casas, cuya construcción se inició en el año 2002, pertenecen a tres hermanos de la zona que "son propietarios del terreno y también agricultores de la zona", según ha explicado la primera edil de San Bartolomé. Una sentencia firme e irrecurrible por la vía de lo penal ha determinado que las edificaciones deben demolerse y condena a los propietarios a pagar los costes de dichas demoliciones. "Les pedían dos años y medio de cárcel y eso con una negociación pudo resolverse", explica la alcaldesa. Tras esa negociación y posterior acuerdo, el juzgado determinó finalmente que correspondiese "a los propietarios" correr con los gastos de "la ejecución".
Este lunes se ha procedido finalmente a la demolición, en la que han estado presentes dos coches de la Guardia Civil, con 7 u 8 efectivos, miembros del juzgado y casi una decena de operarios que estaban a cargo de las excavadoras así como de recoger el cobre empleado para las instalaciones eléctricas de las viviendas. También los propietarios, que han preferido no dirigirse a la prensa, han estado presentes en el proceso, observando a las palas iniciar la demolición.
"Lo que hace esta sentencia es otorgar un mandamiento a la Agencia de Protección del Medio Urbano (Apmun) para que ejecute la demolición y restablezca el medio y el estado previo a la edificación", ha explicado Corujo. La alcaldesa de San Bartolomé ha contado que el proceso se inició, como ocurre siempre en estos casos, por la vía contencioso-administrativa. "En el contencioso-administrativo no contaron con unos servicios jurídicos que les asesoraran de forma adecuada y, al no recurrir, se sigue el camino por lo penal hasta que te encuentras en esta situación". Corujo cree que "con la aprobación del Plan de la Geria", de haber recurrido los propietarios la primera resolución administrativa, "puede que hubiese existido alguna posibilidad" de mantener las viviendas en pie, "dado que la edificación es anterior a la aprobación del plan", ha matizado.
"Situación inconcebible"
Para la alcaldesa de San Bartolomé, es "inconcebible" que se haya procedido a la demolición porque, asegura, "pareciera que la ley es para unos y no para otros". "Si se aplica la ley y se derrumban todas las irregularidades que existen en la isla, estaríamos entendiendo la situación", ha aseverado Corujo. La alcaldesa ha criticado que, en paralelo con casos como éste, existan "situaciones, conocidas por todos, en las que se mantienen, se respetan las edificaciones y se buscan vías de solución y de legalización". "Si la ley es para todos, tiremos todo", ha zanjado.
La edil de San Bartolomé ha asegurado que todas las viviendas de la zona se encuentran en la misma situación. "Están fuera de ordenación y dentro de una zona de protección. Todas tienen expedientes abiertos y, como han ido por la vía del contencioso, van los dos procedimientos juntos", ha explicado. Esto produce que el proceso se retrase.
Los propietarios de las tres viviendas, visiblemente compungidos durante el derribo, "van a vivir en otra vivienda de la familia" y "no han querido ni siquiera llevarse sus enseres personales de las viviendas", ha explicado Corujo.
