Según el comunicado, "la única realidad objetivamente incontestable, es que transcurrido mucho tiempo desde que en 2002, D. Enrique Pérez urgiera a la firma de aquel contrato auspiciado por el PIL (que según él habría de evitar el seguro desabastecimiento de Agua en la Isla en agosto de aquel mismo año), hoy, seis años después, no tenemos planta ninguna, no se ha desabastecido el agua en la isla, y nos proponen regalar a la UTE más de 400 millones de las antiguas pesetas a cambio de nada".
En opinión de los nacionalistas, el grupo de Gobierno del Cabildo "está renunciando a uno de los principios elementales en un Estado de Derecho, como es la defensa del interés general vía judicial, máxime cuando existían no sólo indicios, sino un pronunciamiento judicial favorable y expreso del Juzgado nº 2 de lo Contencioso Administrativo, que vino a validar la Declaración de Nulidad de Pleno Derecho del contrato por parte del Consorcio Insular de aguas, ratificada a su vez por el Consejo Consultivo de Canarias, por vulnerar de forma total y absoluta el procedimiento administrativo en vigor en Europa, España y Canarias, de tal modo que deviniendo firme aquél pronunciamiento, no procedería ejecutar laudo alguno y por lo tanto supondría un coste cero para las arcas de Inalsa, y, en definitiva, de todos los conejeros.
La nota añade que "una vez más, este pacto de gobierno PSOE-PIL, que en su díapretendió con aquel contrato privatizar la producción del agua en la isla, en contra del resto de formaciones políticas, sindicatos y colectivos sociales, ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con una empresa privada, para 'regalarles' más de 400 millones de las antiguas pesetas del dinero de todos. Acuerdo que más parece responder a los oscuros contubernios político-empresariales a que este pacto ya nos acostumbró en el pasado, que al interés general de la isla".
No obstante, lo verdaderamente "grave" para Coalición Canaria "de todo este acuerdo llevado a cabo a hurtadillas, después de negar durante meses haber mantenido negociaciones con la UTE, es que la presidenta del Cabildo -que se nos presenta como paladín de la democracia, la participación y la transparencia- como representante de la primera Institución que tiene un 60% de participación en el Consorcio Insular de Aguas, no está legitimada para negociar absolutamente nada sin contar con los siete alcaldes que conforman dicho Consorcio. Consorcio que no ha sido convocado en ningún momento a pesar de ser el dueño único de Inalsa".
