Coalición Canaria Lanzarote censura "la falta de respuesta de la anterior presidenta y consejera de Política Territorial, María Dolores Corujo, a un requerimiento judicial formulado en 2023 para determinar si el suelo de Playa Quemada era urbanizable o rústico, una cuestión determinante desde el punto de vista jurídico, territorial y económico".
En este sentido, el portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo, Samuel Martín, afirma que “la revisión del expediente confirma que la primera institución, bajo la presidencia de María Dolores Corujo y con ella al frente del Área de Política Territorial, no remitió al juzgado la certificación solicitada sobre la clasificación del suelo, pese a tratarse de una cuestión esencial desde el punto de vista jurídico, territorial y económico”.
Según señalan desde CC, "el requerimiento judicial, cursado en enero de 2023, pedía al Cabildo insular aclarar la naturaleza urbanística de los terrenos vinculados al antiguo Plan Parcial Costa Playa Quemada, un planeamiento aprobado en los años noventa que proyectaba un amplio desarrollo turístico-residencial, con campo de golf, camas turísticas y uso residencial, que nunca llegó a ejecutarse. La ausencia de desarrollo dentro de los plazos legales provocó la pérdida de los derechos urbanísticos y la reclasificación del ámbito como suelo rústico, criterio que posteriormente ha sido respaldado por resoluciones judiciales".
Martín explica que, conforme a la legislación territorial de Canarias, los suelos urbanizables que no se desarrollan en plazo pierden esa condición. “En 2023 existían elementos jurídicos suficientes, basados en normativa y en resoluciones previas, para certificar la situación del suelo. No hacerlo dejó sin aclarar una cuestión clave y prolongó la incertidumbre sobre un ámbito que lleva décadas en conflicto jurídico y territorial”, señala.
El portavoz nacionalista recuerda que la clasificación del suelo tiene consecuencias directas en el valor económico del ámbito y que el proceso judicial abierto, incluyendo la subasta de fincas vinculadas al antiguo plan parcial, ha reactivado el debate sobre la naturaleza jurídica de estos terrenos. A este contexto se suma que el Plan General de Ordenación Urbana de Yaiza de 2014 ya desclasificaba estos terrenos, estableciendo su condición de suelo rústico, criterio que posteriormente fue ratificado por la justicia. La primera sentencia del Tribunal Supremo confirmando la nulidad del planeamiento vinculado a este ámbito se dictó en el año 2020, reforzando la interpretación jurídica sobre la naturaleza no urbanizable del suelo.
En este marco, el secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés, subraya que "el asunto fue inicialmente destapado por el grupo nacionalista en el Ayuntamiento de Yaiza. Y es que, tal y como se comunicó en su momento, CC Yaiza solicitó la comparecencia del alcalde, Óscar Noda, tras conocerse la posible activación del antiguo Plan Parcial de Playa Quemada, que podría permitir la creación de hasta 300 camas turísticas en la zona. En ese momento, se denunció la falta de información pública y se advirtió del escenario de inseguridad jurídica derivado de la ausencia de planificación territorial actualizada en el municipio".
El secretario local y portavoz municipal nacionalista, Emilio Machín, señaló que "la nulidad del planeamiento urbanístico y la falta de adaptación a un nuevo marco legal han generado un vacío territorial que afecta tanto a vecinos como a cualquier iniciativa vinculada al desarrollo del suelo. Asimismo, CC Yaiza alertó del colapso de la Oficina Técnica municipal por falta de medios, situación que ha contribuido a paralizar la gestión urbanística y a prolongar la incertidumbre sobre ámbitos como Playa Quemada".
En la misma línea, Samuel Martín ha resaltado que "una certificación clara en 2023 habría aportado seguridad jurídica y evitado las dudas actuales". “La planificación territorial exige rigor técnico, cumplimiento de la normativa y responsabilidad institucional. Conforme a la normativa vigente, el suelo debe considerarse rústico. El anterior gobierno socialista tuvo la oportunidad de clarificar jurídicamente este asunto y no lo hizo”, afirma.
Finalmente, desde Coalición Canaria, su secretario insular, Pedro San Ginés, subraya además el trabajo que actualmente desarrolla el Cabildo de Lanzarote en materia de ordenación del territorio, planificación y seguridad jurídica, frente a la inacción del anterior grupo de gobierno. “El actual Ejecutivo insular trabaja con base técnica en el planeamiento y la ordenación territorial, mientras que el PSOE vuelve a evidenciar su falta de actuación en un asunto clave para el territorio y la seguridad jurídica de la isla”, asevera.
San Ginés lamenta esta nueva muestra de la hipocresía de Dolores Corujo y el falso relato de su defensa del territorio, que se suma a la línea de su secretario de Organización, José Juan Cruz, con los nuevos hoteles y licencias turísticas que pretende otorgar en Tías, municipio del que es alcalde, al abrigo del Plan de Modernización de Puerto del Carmen.
Los nacionalistas se preguntan "qué pretendía ocultar el PSOE al proponer ahora que el Cabildo compre ese suelo, y con qué propósito".
