CC afirma que Corujo desistió de "devolver los cobros indebidos de Sosa" por un "contundente reparo de legalidad de Intervención"

"Tras seis meses de espera, la presidenta se burla del Pleno y de Lanzarote sin aportar un solo documento que avale su pretendida aclaración", afirman los nacionalistas

Samuel Martín y Pedro San Ginés, consejero de CC en el Cabildo
Samuel Martín y Pedro San Ginés, consejero de CC en el Cabildo

 

"La estrategia de la presidenta María Dolores Corujo para que el Cabildo devolviera a la Consejería de Sanidad el dinero indebidamente cobrado por el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa, se topó de bruces con el contundente reparo de legalidad de la Intervención General del Cabildo". Eso es lo que ha afirmado Coalición Canaria, tras las explicaciones que dio la presidenta en el Pleno del pasado viernes sobre la situación de Sosa.

En un comunicado remitido este lunes, CC cuestiona que Corujo "no aportó un solo documento que avale su pretendida aclaración", aunque hace referencia al contenido de ese reparo de Intervención, pese a que afirma que no se lo han facilitado. Según el partido, este departamento hizo varias advertencias, "a la vista de la propuesta del Área de Recursos Humanos (sin duda siguiendo instrucciones) para que la presidenta decretara que fuese el Cabildo quien devolviese a Sanidad el dinero que pagó indebidamente a Sosa, y que a partir de ahora asumiera su sueldo de médico".

Por un lado, afirma que ese informe sostiene que "no consta acuerdo plenario estableciendo ese régimen retributivo ni de dedicación con efectos del 30 diciembre de 2019”, que fue cuando Sosa se incorporó al grupo de gobierno del Cabildo como consejero de Sanidad, pero cobrando sus honorarios a través del Gobierno de Canarias, como venía haciendo cuando estaba liberado como portavoz del grupo nacionalista. 

CC afirma que ese informe de intervención también advierte que "la presidenta no es competente para establecer su régimen retributivo, sino el Pleno"; "que el régimen de dedicación del consejero no puede ser reconocido con carácter retroactivo ni de facto, como se propone, y por tanto nos encontraríamos ante 'actos expresos o presunto contrarios al ordenamiento jurídico'"; y que "la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que pretenden aplicar, no le es de aplicación a los cabildos insulares por no estar en el ámbito de aplicación de la Ley contenido en su art.1".

Desde el partido sostienen que "este informe de la Intervención general del Cabildo, ha sido duramente rebatido por la presidenta en un decreto del que dio conocimiento al Pleno el pasado viernes". Además, cuestionan que "la presidenta no se atreve a levantar el reparo de Intervención y devuelve ahora la pelota al tejado del Gobierno, cuestionando incluso el propio informe de la ex directora general de Función Pública, en el que hasta ese momento se apoyaba, para intentar hacer lo que finalmente impidió la Intervención".

"La presidenta dice que ‘la situación administrativa de Sosa se ajusta a lo dispuesto en la Ley’, pero no nos dice a que Ley”, critica CC. "También dice la presidenta que Sosa comunicó a Función Pública su cambio de situación, pero no nos ha entregado aún la comunicación para que podamos ver si comunicó que ya no era portavoz o qué es exactamente lo que comunicó”", añade.

"Dice la presidenta que ‘la situación de servicios especiales de Sosa, está ahora sustentada en una desconocida resolución del 27 de abril de 2020’, y no en la única que cita la ex directora general de Función Pública en todos sus informes, es decir, la del 10 diciembre de 2019, aunque siguen ocultando las dos, y con todo esto se atreve a calificar su pretendida aclaración de contundente. No se puede ser más oscura ni presidir de manera más denigrante una institución”, reprocha CC.

Además, explica que si finalmente retiró la solicitud de comparecencia de la presidenta por este tema no fue por la "contundencia" de sus explicaciones, “sino por negarnos sistemáticamente el derecho a la información, incumplir la Ley de transparencia desde hace seis meses, y desatender su obligación de aportar el expediente antes del pleno, como pretendíamos forzar porque el asunto iba en el orden del día”. De hecho, aseguran que "hasta hoy, la presidenta sigue sin entregar a la oposición un solo documento del expediente de Juan Manuel Sosa".

Por último, el Grupo Nacionalista añade, "reproduciendo los términos utilizados por la propia Corujo", que “la infamia, la protagoniza precisamente quien asegura que es una estrategia de CC, cuestionar el derecho del consejero a estar liberado con cargo a la Comunidad Autónoma, cuando puede leerse en los tres informes que es la propia ex directora general de Función Pública (se adjunta último informe de este ex cargo político) quien niega ese derecho y dice que lo tiene que asumir el Cabildo desde el 30 de diciembre de 2019 y que se le reintegre a la Comunidad Autónoma las retribuciones abonadas al interesado desde entonces".

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