Carlos Sáenz, interventor del Ayuntamiento de Arrecife y Teguise, ha sido cesado esta semana de su cargo después de que llegase a los Consistorios la comunicación de Función Pública confirmando la sentencia firme. Sáenz fue condenado en la pieza de Proselan dentro del caso Unión a 4 años y medio de prisión por delitos continuados de malversación y prevaricación y a 8 años y un día de inhabilitación.
Sáenz ha seguido ejerciendo su función en los Consistorios después de que a principios de enero de este año se conociese la sentencia que se hacía firme por el Tribunal Supremo. Desde los Ayuntamientos han señalado a La Voz que temporalmente harán la función de interventor accidental los funcionarios habilitados, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
En el caso del Ayuntamiento de Arrecife será un funcionario de intervención el encargado de actuar como interventor, mientras, en Teguise, según ha explicado Miguel Ángel Jiménez, concejal de Urbanismo, será probablemente el ingeniero del Ayuntamiento. De momento, "este será el encargado, ya que el Consistorio está a expensas de que Función Pública lo publique en el BOE en 10 días o 15 días, y veremos si alguien se presenta". "Si no, lo que vamos a hacer es sacarlo a concurso", ha apuntado Jiménez.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado 25 de noviembre de 2016 la sentencia que condenaba a Carlos Sáenz en esta pieza del Caso Unión al considerar que "está acreditado que se malversaron más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife con pagos a Proselan por unos servicios que no fueron prestados". Así, el recién inhabilitado interventor junto al ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández fueron condenados a cuatro años, 6 meses y un día de prisión y 8 años y un día de inhabilitación absoluta; así como a devolver el dinero malversado.
