Arrecife ordena parar la actividad en el campamento de inmigrantes y da 10 días a la Policía para alegar

La resolución se basa en un informe técnico municipal, que concluye que la instalación ha infringido "la legalidad urbanística", ya que la Dirección General de la Policía Nacional no solicitó licencia

Campamento montado por la Policía Nacional
Campamento montado por la Policía Nacional

El Ayuntamiento de Arrecife ha ordenado “la inmediata suspensión de las obras, instalaciones y/o actividad” en el campamento para inmigrantes que se ha levantado junto a la Comisaría de la Policía Nacional, al considerar que se ha infringido “la legalidad urbanística”. No obstante, el informe municipal aclara que se deberá dar un plazo de 10 días a las administraciones responsables para presentar alegaciones, antes de la entrada en vigor de esta medida cautelar.

Ese informe técnico, fechado el pasado lunes, señala como promotora de las obras a la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, y concluye que ha incumplido la Ley del Suelo de Canarias, porque estaba obligada a pedir licencia al Ayuntamiento y no lo hizo.

El informe fue solicitado por la Concejalía de Infracciones después de recibir una denuncia de Protección Civil, que consideraba que las instalaciones entrañaban “un riesgo”. Ahora, a raíz de ese dictamen, la edil Elisabet Merino ha acordado iniciar un procedimiento para restablecer la legalidad, adoptando además medidas provisionales hasta que se “legalice” la instalación. Además, advierte también con posibles sanciones, que se abordarán “en otro procedimiento separado”.

 

Deberá solicitar licencia y aportar los documentos necesarios

En cuanto a la legalización, señala que será posible si el promotor presenta “solicitud de licencia de implantación de instalación para uso de equipamiento social”. Al respecto, el informe advierte que esa solicitud “deberá venir acompañada de los documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el solicitante, de las facultades jurídicas necesarias para la realización, sobre suelo, vuelo o subsuelo, de las actuaciones o usos objeto de la solicitud”.

“En el supuesto de que corresponda a un tercero, éste deberá acreditar la autorización o mandato o habilitación de aquél para el ejercicio de la facultad correspondiente”, precisa.

En este caso, el informe recuerda que la parcela es propiedad de la Autoridad Portuaria, y apunta que en el expediente municipal consta “el acuerdo de inicio de cesión gratuita que hace la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la Administración General del Estado de la parcela para su utilización por el Ministerio del Interior con destino a la ampliación de la comisaría”. Sin embargo, ese expediente de cesión -que tampoco se inició para la instalación de las carpas, sino para esa ampliación del edificio-, no ha concluido aún.

La técnico apunta en su informe que “también consta escrito de la Dirección General de la Policía por la que manifiesta el carácter urgente de la compra de las casetas de campaña”, pero no una resolución declarando esa urgencia por parte de la administración competente.

Por último, también se realizó al Ayuntamiento una “comunicación previa” por parte de la empresa a la que se le adjudicó este trabajo, Equipos Móviles de Campaña ARPA SA, en nombre de la Dirección General de la Policía, notificando que iban a realizar trabajos de “limpieza de terrenos y aportación de gravilla”. Sin embargo, lo que no consta es “solicitud de licencia para la implantación de la instalación”, que es lo que ha llevado al Ayuntamiento a adoptar medidas.

El propio informe trasladaba varias propuestas de medidas provisionales “a fin de garantizar la efectividad de la resolución que haya de poner fin al procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y de salvaguardar, durante la tramitación de dicho procedimiento, los intereses públicos y de terceros afectados por la actuación ilegal”. Esas medidas pasarán por la suspensión temporal de toda actividad en este Centro de Atención Temporal de Extranjeros, salvo que el Ministerio o la Policía Nacional consigan que prosperen sus alegaciones.

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