Después de conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que absolvió a Andrés Barreto en el caso de los Centros Turísticos, la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, remitió una denuncia a la Fiscalía para que abriese una investigación por la posible malversación de fondos. El portavoz de Intersindical Canaria compareció hoy en calidad de testigo y ratificó ante el fiscal, Miguel Pallarés, sus declaraciones publicadas en un medio de comunicación que pusieron en duda la administración de los CACTs en los últimos años y el destino de 18 millones de euros.
Barreto aclaró, como lo había hecho en el Juzgado durante el Juicio, que de su parte no existe acusación contra ningún trabajador de los Centros Turísticos. "Lo aclaré porque hay algunos que no quieren asumir su responsabilidad política y están utilizando a los trabajadores para responsabilizarlos de haberse llevado 18 millones de euros, cosa que no es cierta", dijo en el programa radiofónico Buenos Días Lanzarote.
El líder sindical incluso piensa que si los Centros Turísticos han sobrevivido a la catástrofe de la gestión ha sido precisamente por el empeño de todos los asalariados. Andrés Barreto reiteró en la Fiscalía que entiende que ha habido despilfarro y desvío de dinero público y que además por esa misma razón también solicitaba la respectiva investigación. Nuevamente pidió una auditoría externa de la gestión de los últimos 12 años para corroborar sus acusaciones y castigar a los responsables. Sin embargo, la impresión personal de Barreto es que la denuncia no "irá a ningún sitio" ya que la Fiscalía para actuar seguramente pedirá los nombres de las personas implicadas. Barreto directamente no ha acusado a nadie y siempre se ha referido a los políticos que gobernaron en los últimos años, sin embargo, piensa que es competencia de los investigadores indagar sobre el tema.
El portavoz de Intersindical esperará la resolución de la Fiscalía, pero en el supuesto de que se abra una investigación, considera que los responsables deben asumir todas las consecuencias, y si se archiva el procedimiento, cree que la responsabilidad política debe hacerse pública. "Vuelvo a insistir en que se realicen las auditorias para saber qué ha pasado con el dinero público. "No me van a callar hasta que no se diga exactamente qué es lo que ha pasado en los últimos años", sentenció.
Sin ambiciones
Andrés Barreto transmitió al fiscal que no tiene ambiciones ni personales ni políticas con respecto al asunto en meción. Asegura que como cualquier ciudadano desea transparencia en la gestión de las instituciones públicas y por ello su máximo anhelo es que se aclare la verdad.
Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife desestimó la demanda del Cabildo y los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACTs) interpuesta contra Barreto por una supuesta intromisión ilegítima del demandado en el honor del Cabildo de Lanzarote y los CACTs. Barreto dijo, en una entrevista concedida a un medio de comunicación en mayo de 2004, que en los Centros Turísticos no existía contabilidad de los últimos años, percibiéndose el faltante de unas 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), y que además había reventa de boletas en los Centros Turísticos.
La jueza estimó que la información y opiniones ofrecidas por Barreto en su entrevista no fueron simples rumores o insinuaciones, sino que son suficientemente veraces y contrastadas. Referente a las afirmaciones sobre la contabilidad de los Centros, la sentencia alude a que las mismas se basan en el informe del economista Antonio González Viéitez (creador del nuevo modelo de gestión de los Centros), lo que significa que la información está suficientemente contrastada, pues en el mismo se pone de manifiesto que el director de cada Centro Turístico es quien controla el personal y organiza los servicios.
Con respecto a la reventa de entradas, algunos trabajadores de los Centros, que declararon como testigos en el acto del Juicio, afirmaron, bajo juramento o promesa, que habían visto dichas prácticas.
