La situación de Inalsa no sólo ha llegado al Juzgado de lo Mercantil, sino que también será analizada en el ámbito penal, dentro de la guerra que ha desatado la empresa pública de aguas en distintos frentes. Ahora, ha sido la Asociación de Consumidores de Lanzarote (Aculanza) la que ha decidido llevar el tema a los Juzgados y este viernes 5 de agosto ha acudido a la Fiscalía para presentar una denuncia tanto contra los administradores concursales como contra el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, aunque por motivos distintos.
En el caso de San Ginés, Aculanza pide que se investigue un presunto delito de "fraude", relacionado con la subida del precio del agua. En el escrito que tienen previsto dirigir al fiscal, sostienen que la subida publicada en el BOP el pasado 6 de julio, además de ser "brutal", "leonina" e "injustificable", se llevó a cabo sin cumplir con los trámites legalmente establecidos.
En primer lugar, cuestionan que se hable "eufemísticamente de tasa", cuando realmente consideran que lo que se ha aplicado es una subida de las tarifas, "que excede ampliamente el 12 por ciento sobre los precios actuales". En este sentido, consideran que "cualquier subida de tarifas debe estar entre los límites del IPC" y que, en cualquier caso, debería haber sido aprobada en los respectivos plenos de los ocho dueños del Consorcio (es decir, el Cabildo y los siete ayuntamientos).
Además, agregan que posteriormente debió ser convalidada por la Comisión Territorial de Precios, "como se viene haciendo hasta la fecha por todas las entidades locales que tienen o participan en una empresa de abastecimiento de agua potable", para después proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Sin embargo, Aculanza denuncia que se le "hurtó" al pleno del Cabildo la toma de conocimiento y aprobación de esta subida del agua, "para encubrir y soslayar presuntas y seguras responsabilidades en la nefasta gestión" de Inalsa, que aseguran que ahora presta "peor servicio" y con mayor número de cortes de suministro.
En su escrito, señalan incluso el artículo del Código Penal en el que podría encuadrarse el presunto delito que denuncian, y que sería el 437, cometido por "la autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada".
Y es que según Aculanza, "se está tratando de aprovechar de la ignorancia (mayoritariamente) o la desidia de los posibles afectados, para hacer esta subida brutal, encubierta en un procedimiento farragoso y torticero".
El sueldo de los administradores
Respecto a los administradores, Aculanza denuncia que pudieron incurrir en un presunto delito al "falsear la actividad mercantil". En este sentido, se refieren a uno de los autos emitidos recientemente por el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que rechazó el aumento de sueldo que reclamaban los administradores.
El salario de éstos se calcula en proporción a los activos de la empresa y, en ese auto, se señala que estos ascienden a 34 millones de euros, y no a los 57,7 millones de euros que planteaban los administradores.
Así, según subraya Aculanza en su denuncia, el juez no aceptó subir sus honorarios a los 315.363 euros que reclamaban, dejándolos en 225.210. Por eso, desde Aculanza entienden que pudo haber una "falsedad" deliberada por parte de los administradores concursales y piden que la Fiscalía abra diligencias de investigación.
