La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote, Aculanza, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, al considerar que se podría haber incurrido en un delito contra el Medio Ambiente y la Salud Pública, en relación a la calidad del agua de Yaiza.
La denuncia llega después de que la Dirección General de Salud Pública haya iniciado "un expediente administrativo por infracción de la normativa en materia de Sanidad" contra Inalsa y el Ayuntamiento de Yaiza, según se recoge en una carta que este organismo ha remitido a Aculanza.
La asociación de consumidores presentó el pasado 5 de mayo una denuncia ante la Dirección General de Salud, donde se pedía que se iniciara expediente "para proceder a las acciones pertinentes y corregir la causa", así como "estimar las compensaciones que todos los consumidores afectados deben recibir".
En el escrito que como respuesta ha recibido Aculanza, el director general de Salud Pública, Fernando Díaz-Flores, manifiesta que la adopción de "medidas correctoras" para la subsanación de las alteraciones en la calidad del agua corresponde a Inalsa como "gestor responsable", "debiendo el Ayuntamiento velar por su cumplimiento".
Restricciones en el uso
Asimismo, afirma que corresponde a Sanidad la vigilancia sanitaria del agua en consumo humano, así como el establecimiento de recomendaciones sanitarias para la protección de la salud de los consumidores y señala que, en este caso, ya "se estableció la restricción de uso del agua suministrada", como medida de protección.
Estas restricciones se produjeron en agosto de 2009, al detectarse altos niveles de hierro en el agua "por encima de los límites autorizados", de forma que se prohibió su uso para beber, cocinar o preparar alimentos.
En cuanto a las compensaciones que deberían recibir los afectados, el director general de Salud Pública señala que "excede" de las atribuciones y funciones de este organismo la estimación de las compensaciones.
