Si ningún momento sería bueno para mantener cinco instituciones de la isla con un gobierno en minoría, el actual escenario de crisis económica, que multiplica las necesidades y las obligaciones de respuesta por parte de los ...
Si ningún momento sería bueno para mantener cinco instituciones de la isla con un gobierno en minoría, el actual escenario de crisis económica, que multiplica las necesidades y las obligaciones de respuesta por parte de los gobernantes, hace aún más indispensable que los representantes políticos den la talla y estén a la altura de lo que la sociedad demanda.
Las consecuencias políticas que ha dejado la Operación "Unión", traducidas en la ruptura del pacto en el Cabildo, Arrecife, Teguise, Tías y San Bartolomé, deben ser abordadas con responsabilidad, compromiso y altura de miras. Sin duda, la isla está afrontando unas condiciones excepcionales, con una intervención judicial que, de momento, ha destapado presuntas prácticas de corrupción que debían ser desterradas de las instituciones.
Por eso, ante la gravedad de los hechos, no es momento para buscar réditos políticos ni para pasar viejas facturas. Tampoco para pensar en sillones, ni en lo inmediato ni de cara a las próximas elecciones, hacia las que algunos pueden estar mirando a la hora de decidir qué paso adoptar. Se trata de pensar en el hoy, con una isla que presenta unas cifras de paro escalofriantes, donde la construcción se ha desplomado y donde el turismo, que seguía siendo el motor de la isla, ha entrado ya en cifras preocupantes, con una ocupación en mayo que fue la más baja de la historia turística de Lanzarote, no llegando al 50 por ciento.
Ante este escenario, algunos pueden caer en el error de pensar que la Operación "Unión" ha venido a ponerle la puntilla a una maltrecha isla, pero en realidad es todo lo contrario. La intervención judicial ha venido a poner limpieza y orden, y a terminar con años de supuesta corrupción en determinados sectores, donde los amiguismos e incluso las presuntas comisiones ilegales determinaban quién recibía una obra, a quién se le agilizaba un pago, qué licencias se concedían e incluso cómo se diseñaba el Plan General de Ordenación de un municipio.
Y todo eso, contribuía a pervertir un sistema en el que no todos jugaban en igualdad de oportunidades. Por eso, el actual escenario permite abrir un antes y un después, tanto para regenerar la isla como para que los políticos demuestren si realmente están dispuestos a dar una lección y a trazar líneas claras de comportamiento, fijando premisas inalterables. Es decir, diciendo por dónde nunca estarían dispuestos a pasar, y también qué estarían dispuestos a ceder por el bien común.
De momento, y a la espera de cómo se resuelve el complicadísimo escenario político, Coalición Canaria ya ha lanzado su propuesta, que consiste en un "gobierno de concentración", en el que se integrarían todos los partidos, y se repartirían áreas de gobierno en función de la representación de cada uno, sacando todos los temas adelante por consenso. Un planteamiento que, en la teoría, sería idílico, pero en la práctica, parece casi imposible de alcanzar.
Unir de nuevo a PSOE y PIL, revueltos con Coalición Canaria y agregando también una dosis de PNL, por sólo hablar del Cabildo, sería una coctelera casi tan explosiva como inimaginable. Y eso sin olvidar que en el caso del Ayuntamiento de Arrecife, habría que sumar también a Alternativa Ciudadana.
Desde luego no cabe duda de que llegar a esa situación sería una prueba de fuego para todos, pero a priori, parece que terminará siendo más posible que prosperen otras opciones, que pasan porque el PSOE selle un nuevo pacto con CC, porque reciba apoyos puntuales desde la oposición, o porque CC pacte con el PIL (y con una tercera fuerza en algunas instituciones) para poder presentar mociones de censura a los gobiernos socialistas.
Sea cual sea la opción que se termine imponiendo, sería conveniente no retrasar decisiones y, sobre todo, aprender de los errores del pasado. Cada cual debería asumir su parte de culpa en esta historia forjada desde hace años (en la dosis que le corresponda), y desmarcarse con claridad de prácticas inadmisibles en las instituciones públicas, para desterrarlas de una vez por todas de la gestión política en Lanzarote. Eso, y dar respuesta a las actuales necesidades sociales, es lo menos que merece la isla en estas circunstancias.
