Desde los años sesenta del pasado siglo, el turismo forma parte esencial de nuestra estructura económica y de nuestro empleo. Repensarlo y mejorarlo es una obligación de esta sociedad y de sus instituciones. Analizando con rigor sus fortalezas y sus debilidades. Tomando decisiones argumentadas y con el máximo nivel posible de apoyo para hacerlo más sostenible y más rentable socialmente. Para que nuestro motor económico sea percibido positivamente, como un indiscutible elemento de bienestar y no como un problema, por la inmensa mayoría de los hombres y las mujeres de esta tierra.
Claro que hubo una Canarias pre turística. Y no era nada mejor, por cierto. La caracterizaban el caciquismo, la extrema pobreza, la carencia de infraestructuras, los débiles servicios públicos, los bajos niveles de formación y un elevado analfabetismo. Así como los cíclicos procesos migratorios hacia otras tierras, especialmente países de América Latina, en busca de oportunidades para progresar que aquí resultaban una absoluta quimera. No creo que nadie pretenda actualmente la vuelta hacia ese pasado en el que los canarios y canarias vivían mucho peor.
El positivo impacto económico del turismo junto a los avances sustanciales que supuso la democracia y el autogobierno -con un salto cualitativo en la educación, la sanidad y las infraestructuras públicas- llevaron a nuestro Archipiélago a alcanzar significativos niveles de desarrollo. Comenzando a salir del enorme atraso que padecíamos respecto al resto de comunidades del Estado español y de Europa. Lo que no significa que no queden déficits y problemas pendientes -en las desigualdades o en la protección territorial y medioambiental- que podemos y debemos superar con nuestra capacidad de autogobierno; y con una buena gobernanza.
Distorsiones
Otra cosa es que el turismo haya tenido y tiene distorsiones; las producen, con distintas características, todos los sectores económicos. En el caso del turismo, entre otras, la ocupación territorial -especialmente de nuestras costas- y el elevado consumo de electricidad o agua, así como la generación de residuos, por millones de visitantes. La alta dependencia exterior. La presencia de un empleo de baja cualificación y con bajos salarios. O su influencia en los problemas demográficos. Otras comunidades con un significativo peso del turismo padecen problemas similares.
En los últimos veinticinco años del siglo XX Canarias se convirtió en una potencia turística mundial, con más de diez millones de visitantes extranjeros. La población aumentó en más de 400.000 personas. Y se comenzaron a detectar elementos de pérdida de calidad del destino. Esas y otras razones nos llevaron a finales del siglo XX a tomar diferentes decisiones cuando tuve el honor de presidir el Gobierno de Canarias, en la legislatura 1999-2003. Por un lado, con la generación de una plural y cualificada Comisión de Expertos sobre Demografía e Inmigración. Por otro, con la aprobación de la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (más conocida como ley de moratoria turística) que permitió desclasificar cientos de miles de camas, posibilitando, entre otras cosas, salvar de su urbanización a zonas como Veneguera, situación más tarde plenamente ratificada con una ley que declaraba su barranco como espacio natural protegido.
Y, asimismo, con la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación y del Turismo, que contó con el apoyo unánime del Parlamento de Canarias, y que apostaba por la contención del crecimiento y por la calidad. Gobiernos posteriores frenaron el desarrollo de las directrices. El tiempo y la realidad confirman que sus elementos centrales siguen siendo plenamente válidos. Me refiero a la renuncia a más ocupación de territorio, apostando por la renovación de la planta alojativa obsoleta; la actualización y mejora de las ciudades turísticas; la diversificación y la cualificación de la oferta; o la imprescindible formación permanente del personal. La ley de las directrices incluía, asimismo, limitaciones al crecimiento turístico, condicionados a criterios de calidad.
En 2023 nos visitaron unos 16 millones de turistas, de ellos 14 millones extranjeros. Con un gasto que supera los 20.000 millones de euros. El turismo supone casi el 40% del PIB y, según datos de Turespaña, hay casi 265.000 personas trabajando en el sector turístico en las Islas, un 26% de los ocupados. Pero, además, impacta positivamente y tira también de otros sectores. Una parte importante del IGIC que se genera en las Islas es de origen turístico.
Canarias cuenta con más de 545.000 plazas de alojamiento turístico, de las que el 46% son hoteleras, el 18% apartamentos y el 36% corresponde a vivienda vacacional. Hoy nuestro Archipiélago destaca no solo por ser destino de sol y playa sino también por una significativa oferta deportiva, cultural o gastronómica; con una calidad mucho mayor que la que había a principios de este siglo. Pero es preciso abordar con valentía distorsiones que afectan al territorio, al medio y a sus habitantes.
Alquiler vacacional
Es el caso del alquiler vacacional, especialmente en entornos urbanos masificados. Hay que regularlo adecuadamente, como ya vienen haciendo otros destinos turísticos mundiales muy relevantes. Además, por supuesto, de plantear actuaciones que combinen el incremento de la vivienda de protección pública para los sectores más vulnerables con las de promoción privada a precios competitivos, mediante la cooperación público-privada, tanto en venta cono en alquiler; y favorecer la incorporación al mercado de un relevante porcentaje de las casas que hoy se encuentran vacías, que superan las 220.000.
Por este y otros problemas vinculados directa o indirectamente con la actividad turística -el habitacional, pero también los que afectan al tráfico y a la movilidad en algunas islas, así como al respeto a nuestro patrimonio- comienza a visibilizarse un malestar ciudadano, como hemos visto recientemente en el barrio de Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria o en La Laguna, en Famara o en Taganana, en las Dunas de Maspalomas o en el Parque Nacional del Teide. Germen de una turismofobia que solo se combate desde un desarrollo turístico modulado, respetuoso con el territorio y el medio ambiente, así como con nuestra identidad, y que mejore sustancialmente las condiciones de vida de los habitantes de esta tierra.
El pasado año 2023 nuestra riqueza superó los 54.000 millones de euros. Pero la renta per cápita, unos 24.400 euros, se encuentra casi 6.000 euros por debajo de la estatal. A principios de siglo estábamos casi en convergencia con la media estatal (97,7%), ahora estamos en torno al 80%. En ese claro retroceso influye, sin duda, el desmesurado crecimiento poblacional experimentado en ese periodo, por encima del medio millón de habitantes. En el desempleo también estamos más lejos de la media estatal que a principios de siglo. Y seguimos teniendo elevados niveles de pobreza. Por el bienestar colectivo es preciso revertir esta situación.
