El artículo 2 de la Constitución no es un adorno retórico ni una cláusula ornamental que solo sirve para discursos institucionales vacíos. Se trata de uno de los fundamentos estructurales del Estado autonómico: la solidaridad interterritorial. No es una consigna sentimental histórico, sino un principio jurídico, político y moral que obliga al Estado a articular mecanismos de redistribución para garantizar que no importe donde residas para tener acceso al bienestar social que todos nos merecemos como ciudadanos iguales y libres.
La idea es sencilla y clásica dentro de la teoría política: quienes más tienen más contribuyen a sostener el sistema en conjunto. No se trata de caridad, sino de justicia y cohesión social, o así lo ha llamado la izquierda siempre. Precisamente por eso resulta grotesco que un gobierno que se autodefine progresista presente un nuevo modelo de financiación autonómica como beneficioso para todos cuando no es así.
La solidaridad obliga a todos. Incluido al Estado. También cuando el cálculo político aconseja otra cosa. Sin embargo, el mensaje que nos deja esta reforma es que la solidaridad es exigible solo a quienes no resultan determinantes en la aritmética parlamentaria. Y ahí está el quid de la cuestión, pues el debate deja de ser técnico para convertirse en político en su sentido más descarnado: asegurar mayorías parlamentarias aunque el coste sea tensionar uno de los pilares del sistema ‒como si no tuviéramos poco con todo lo que está en tensión en este país‒.
El modelo vigente, aprobado en 2009, sitúa como contribuyentes netos a Madrid, Baleares y Cataluña. Con la reforma propuesta, según diversos análisis económicos y técnicos, el mapa se altera de forma circunstancial: comunidades que hasta ahora no aportaban de manera neta pasarían a serlo ‒Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia‒, mientras Cataluña mejoraría su posición relativa hasta convertirse en la primera en financiación por habitante ajustada, dejando de ser contribuyente neta. No es una afirmación que hace uno sin pensar; es una conclusión derivada de estudios como el review realizado por Ángel de la Fuente, y publicado en enero de 2026 enFedea.
El problema no es solo distributivo‒la exclusión directa del sistema de País Vasco y Navarra es otra cuestión a analizar‒. El problema es ideológico. La izquierda ha sostenido históricamente que la redistribución debe operar de arriba hacia abajo, que la cohesión territorial exige corregir desequilibrios estructurales y que la igualdad material es justicia social. Si una de las comunidades de mayor renta per cápita mejora su posición relativa mientras otras asumen mayor esfuerzo, la pregunta es la siguiente: ¿dónde queda el principio redistributivo que se proclama moralmente superior?
No se trata de demonizar la reforma, todo sistema es mejorable. Se trata de señala incoherencias discursivas cuando se utilizan para atacar al contrario. Cuando la redistribución se adapta a la necesidad de consolidar apoyos parlamentarios, deja de ser un principio para convertirse en una carta. Se trata de mercantilizar los derechos emanados de la Constitución. Y cuando esto sucede, la credibilidad del sistema se erosiona. ¿Nadie ha pensado que mañana podría entrar la derecha y realizar una reforma en sentido contrario que es, justamente, una de las cuestiones que ponderan en relación al sistema de autonomías?
La política española ya está habituada a cambios de posición bajo este gobierno. Lo relevante no es la mutación ideológica constante de la izquierda, sino su transformación hacia un pragmatismo político dejando constancia así de que las ideas no son importantes, lo importante es mantener el poder. La célebre ironía de Groucho Marx ‒”Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”‒ parece haber encontrado eco en el PSOE estatal.
En 2018, Ignacio Sánchez-Cuenca publicó La superioridad moral de la izquierda, defendiendo que determinadas ideas progresistas poseen una primacía ética intrínseca frente a la derecha. Es legítimo creer que las ideas de uno son superiores a las de otro. Así pensaban los colonizadores europeos ante los habitantes del continente africano; o, los propios alemanes del III Reich ante el resto de posiciones ideológicas. Lo que no es legítimo es que la coherencia entre el discurso y la práctica no exista. Cuando un principio básico social como la redistribución beneficia de forma singular a ciertos territorios mientras se mantiene un relato de igualdad y justicia social, la distancia entre ideales y realidad se ensancha. Es aquí donde el votante debería prestar atención, porque ya no estaría votando ideas, estaría votando unas siglas huecas sin contenido y valor alguno.
La cuestión de fondo es averiguar si a partir de ahora, y gracias al Gobierno, el principio constitucional de solidaridad interterritorial seguirá siendo un eje fundamental de la estructura del Estado, o se ha convertido en una mercancía política. Porque si la solidaridad pasa a depender del peso parlamentario y no de la necesidad objetiva, ya no es solidaridad: es mercancía.
