Partiendo de una buena herencia económica, avalada por los positivos datos de crecimiento del PIB, incremento significativo del empleo, así como de afiliación a la Seguridad Social, recuperación del turismo, así como del consumo. Partiendo, también, de unas cuentas públicas saneadas, sin déficit estructural, una escasa deuda, una excelente calificación crediticia y unos ingresos previsibles y razonablemente estables. Con esa situación de partida el actual Gobierno de Canarias tenía una gran oportunidad para continuar profundizando en esa senda a la hora de elaborar los Presupuestos de la Comunidad para 2024. Sin embargo, sus decisiones comienzan a dilapidar esa herencia con unas cuentas públicas que tienen negativas consecuencias inmediatas para los servicios públicos y para los sectores económicos, y que, además, generarán graves problemas en los próximos ejercicios. Por eso, el grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) acaba de presentar una enmienda a la totalidad a las mismas en el Parlamento.
El análisis de estos Presupuestos para 2024, los primeros del Gobierno conservador CC-PP, nos confirma su carácter imprudente, temerario y arbitrario. Con un crecimiento del 11% con relación al de 2023 (1.121 millones de euros más) -a pesar de la recuperación de las reglas fiscales y un escaso crecimiento, del 2% para el próximo año- sustentado en un falseamiento de la regla de gasto generando una sobreestimación del grado de ejecución presupuestario de este año 2023; y que, además, de ese incremento consolidan 1.000 millones de euros en gasto estructural, incumpliendo en ambos parámetros las recomendaciones en sentido contrario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Un crecimiento completamente artificial y forzado en las cuentas públicas para 2024 que acabará por comprometer los presupuestos autonómicos de 2025 y siguientes ante la dificultad de garantizar el mismo nivel de ingresos no financieros por la intensa caída que se producirá tanto en los recursos del sistema de financiación autonómica como en los fondos europeos y, asimismo, por la reducción del aporte del convenio de carreteras.
Recuperación económica y cuentas saneadas
El Gobierno de Progreso (2019-2023), del que NC-bc formó parte dirigiendo la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, dejó a Canarias como la comunidad de régimen común más saneada. Sin déficit estructural, con la deuda per cápita más baja de España -2.800 euros por persona y año, cuando la media está en 5.000 euros por persona-, ingresos estables y razonablemente previsibles y disponiendo de la máxima calificación crediticia, lo que nos permitió ir a los mercados a conseguir mejores condiciones para la deuda.
Y, a pesar de los desastres sufridos en ese periodo -pandemia de la Covid 19, hundimiento de operadores turísticos, incendios forestales, volcán de La Palma o guerra de Ucrania- la economía se ha ido recuperando con fuerza. Tras un robusto crecimiento del 7% y del 8,2% en 2021 y 2022, las previsiones señalan que Canarias acabará este año con más de un 4% de crecimiento de su PIB, un punto por encima de la media estatal. El segundo trimestre de 2023 se cerró con 999.400 personas ocupadas, según datos de la EPA. El desempleo registrado estaba en 174.000 (en cifras de 2008), pese a que la población también creció de forma muy significativa, la afiliación a la Seguridad Social subió a 880.000 personas, récord histórico. El sector turístico terminará el año con mejores registros que antes de la pandemia; en el 2022 la facturación ya superó a la del 2019 y el 2023 seguirá la misma senda. La misma tendencia se observa en el consumo y la recaudación.
Todo el avance experimentado se puede ir al garete con un gobierno conservador cuyas primeras medidas han sido bajar los impuestos a los más ricos, incrementar como nunca el número de altos cargos y asesores del Ejecutivo e incumplir con su promesa electoral de rebaja del IGIC del 7% al 5%. Curiosamente lo que hacen es llevar a cabo algunos retoques del IGIC que, en su conjunto, suponen una subida fiscal y un aumento de la recaudación de ingresos que se acerca al 17%. Eso sí, copian y mantienen el alivio fiscal que puso en marcha el Gobierno de progreso del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que en su momento criticaron duramente, prometiendo en campaña intensificar estas ayudas, lo que no han hecho.
Un fraude, el de la rebaja del IGIC, que me produce un sentimiento ambivalente. Por un lado, celebro que no se lleve a efecto esa reducción por sus graves consecuencias en los servicios públicos y en la financiación de los ayuntamientos y cabildos de las Islas. Y, al mismo tiempo, no dejó de pensar en la gravedad de ese engaño al electorado con promesas que no se van a cumplir, pero que tienen un gran efecto propagandístico, utilizadas como gancho para captar votos; dañando, en consecuencia, a la política y a la credibilidad democrática.
Distribución arbitraria
Otro aspecto que destacamos desde NC-bc es la arbitraria distribución que se hace del crecimiento presupuestario. De los 1.121 millones de euros, más de la mitad van para Sanidad (576 millones), quedando los restantes 544 para educación, bienestar social, cultura o sectores productivos. En primer lugar, distintos analistas consideran un disparate que el presupuesto sanitario pretenda reflejar el gasto real -consolidando gasto inercial e ineficiente producto derivado de la lucha contra la Covid-, cuando es un servicio en el que las necesidades son muy difíciles de limitar y en el que se hace imprescindible mejorar la eficiencia en el gasto y la profesionalidad de los dirigentes. Está poco justificado también cómo se reparte ese aumento en el servicio Canario de Salud: las inversiones sufren una reducción del 37% (71 millones), mientras que el gasto farmacéutico crece un 24% (127 millones).
El otro gran servicio público, educación, sube muy por debajo de la media de estas cuentas públicas. Y, en lugar de acercarse al cumplimiento de lo establecido en la Ley Canaria de Educación (LCE) de 2014 se experimenta un enorme y grave retroceso. En efecto, la anterior legislatura supuso un
importante avance, acercándose al objetivo del 5% del PIB que fija la LCE. Los presupuestos para este año 2023 ya colocaban a educación en el 4,63% del PIB. Lo que este Gobierno de derechas hace es retroceder hasta el 4,20%, cuatro décimas menos y a ocho del 5%. Afectando a aspectos tan relevantes como la extensión de la educación infantil 0-3 años, la imprescindible modernización de la FP o la renovación y mejora de las infraestructuras de los centros escolares.
Por otra parte, nuestras universidades públicas reciben un inusual e injusto castigo pese al estreno de una Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, incrementando las partidas de nuestros centros superiores en solo 3,6 millones de euros, lo que las pone en una situación económica crítica, con dificultades para pagar las nóminas. Un tratamiento que se extiende al sector cultural, que ve reducidas sus partidas en 10 millones, justo en línea contraria a lo que señala la ley del Sistema Público de Cultura de Canarias aprobada por unanimidad por el Parlamento en marzo; una ley que obliga a alcanzar el 2% del Presupuesto de la Comunidad en materia cultural en 2030 y, mientras tanto, debe estar cada ejercicio por encima del gasto medio, y no solo no sube lo más mínimo, sino que baja.
Servicios Sociales y sectores económicos
Otras diminuciones presupuestarias de enorme gravedad son las que sufren el Servicio Canario de Empleo, que dispondrá de 10 millones menos que en 2023. Disminuyendo también las transferencias en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista, lo que solo sucede en aquellas comunidades en las que hay gobiernos PP-Vox. Se incumple con la Ley de Servicios sociales, que establece que las partidas presupuestarias en esta área deben crecer anualmente 55 millones como mínimo, quedándose muy por detrás de esa cifra al aumentar sólo 33 millones de euros. Incumpliendo, asimismo, con el Pacto por la Ciencia y la Innovación, al no recoger las cantidades comprometidas en este. También recortan en las políticas de cooperación al desarrollo. Nunca un Presupuesto incluyó tantos incumplimientos del Gobierno con leyes en vigor y planes aprobados por el Parlamento. Y, respecto a los sectores económicos, el primario, muy afectado por la crisis inflacionista, ve reducidos sus presupuestos en 24 millones de euros.
La Ley de Presupuestos es determinante a la hora de fijar las prioridades de un Gobierno, su hoja de ruta económica, social y medioambiental. Y la de este Ejecutivo de las dos derechas ni apuesta por los servicios públicos ni por las políticas de cuidados; tampoco por la cultura, que sufre un espectacular recorte. Asimismo, salen malparadas la lucha contra la violencia de género, y los sectores económicos, sobre todo el primario, seguramente el que precisa más apoyo. Es difícil generar tanto descontento en unos Presupuestos tan artificialmente inflados. A pesar de la positiva herencia recibida en la economía y en las cuentas públicas, el Gobierno CC-PP no ha podido empezar peor.
